LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS
DEL ESTADO Y MUNICIPIOS DE ZACATECAS

Lic. Miguel Alejandro Alonso Reyes, Gobernador del Estado de Zacatecas, a sus habitantes hago saber:

Que los Diputados Secretarios de la Honorable sexagésima Legislatura del Estado, se han servido dirigirme el siguiente:

Decreto nº 462

La Honorable Sexagésima Legislatura del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, en nombre del pueblo, decreta

Resultando primero. En fecha 17 de mayo de 2012, se dio lectura al documento que contiene las observaciones que presentó el Gobernador del Estado Lic. Miguel Alejandro Alonso Reyes, en ejercicio de la facultad concedida por el artículo 62 fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, respecto de la aprobación por parte de esta Legislatura, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Zacatecas, mediante Decreto número 372, aprobado en fecha 27 de abril de 2012.

Resultando segundo. Por acuerdo del Presidente de la Mesa Directiva, las observaciones de referencia fueron turnadas en la misma fecha a la Comisión Jurisdiccional, a través del memorándum número 860, para su estudio y dictamen correspondiente.

Resultando tercero. El Gobernador del Estado expuso como fundamentos de las observaciones, lo que a continuación se transcribe:

«Primero. Por cuestiones de estricto orden y lógica jurídica, la materia de la primera observación al decreto señalado en el párrafo que antecede, se refiere precisamente al proceso legislativo seguido por esa Representación Popular para la aprobación de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Zacatecas, el cual, según se desprende de los antecedentes no cumplió con las formalidades legales necesarias para la formación válida de una ley, gestando en consecuencia una transgresión a los artículos 61 y 62 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, en relación con los artículos 44, 52, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 65 y 68 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas; y 93, 123, 124, 125, 127 y 131 del Reglamento General del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas.

Para mayor claridad de lo expuesto, es necesario detallar el proceso legislativo por el que atravesó el decreto remitido al Ejecutivo a mi cargo, por lo que enseguida se da cuenta de dichos antecedentes: a) En sesión del Pleno, celebrada el día 28 de junio de 2011, se dio lectura a la iniciativa de Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Zacatecas y se turnó a la Comisión Jurisdiccional, para la elaboración del dictamen correspondiente. b) Durante la sesión verificada el día 28 del mes de marzo del año en curso, se sometió a votación del Pleno el dictamen formulado por la Comisión Jurisdiccional, aprobándose el mismo en la general y reservándose en lo particular el contenido íntegro de la Ley por parte del Diputado Felipe Ramírez Chávez, de ahí que el Presidente de la Mesa Directiva, con la aprobación del Pleno, ordenó el regreso del dictamen a la Comisión Jurisdiccional para que fuese atendida la reserva del citado Diputado. c) En reunión de la Comisión Jurisdiccional, celebrada el día 17de abril del 2012, sus integrantes discutieron trece puntos de la reserva formulada por el Diputado Felipe Ramírez Chávez y por mayoría se aprobó no incluirlos en su totalidad dentro del dictamen. d) En sesión celebrada los día 24, 25 y 27 del mes de abril de la anualidad que trascurre, se dio lectura al dictamen formulado por la Comisión Jurisdiccional, sin someter al Pleno la discusión en lo particular de los puntos motivo de la reserva, sino sometiendo directamente a la votación de los Diputados presentes el dictamen aludido, concluyendo como resultado de ello que 10 de los integrantes de la Legislatura lo votasen en sus términos; 15 se pronunciaron a favor de las reservas a los artículos 64, 65, 66, 69, 85, 86, 87, 88, 95, 96, 100, 103, 108 y 2º transitorio del dictamen, y una abstención, por lo que en términos del artículo 130 del Reglamento General del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, deberá sumarse a la mayoría; no obstante el sentido de la votación, el Presidente de la Mesa Directiva, se pronunció aprobando en sus términos el dictamen de Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Zacatecas.

Considero que resulta innecesario realizar un análisis exhaustivo para concluir que el proceso legislativo desarrollado a partir de la discusión y aprobación en lo particular de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Zacatecas, se verificó en franca contradicción a los preceptos legales precisados con antelación, cuya inobservancia, conlleva a la invalidez de la norma. Tales deficiencias, se resumen de la manera siguiente: 1. La reserva propuesta por el Diputado Felipe Ramírez Chávez, jamás se sometió a la discusión del Pleno, en contravención a lo dispuesto por los artículos 58 y 62 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, en relación con el numeral 123 del Reglamento General del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas. 2. El Presidente de la Mesa Directiva declaró aprobado el Dictamen de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Zacatecas en sus términos, no obstante a que la mayoría de los Diputados presentes en la sesión, votó a favor de las reservas a los artículos 64, 65, 66, 69, 85, 86, 87, 88, 95 ,96 100, 103, 108 y 2º transitorio del Dictamen, modificaciones que desde luego no se reflejan en el decreto que se remite para su promulgación, violentando en consecuencia el contenido del artículo 68 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, en concordancia con los diversos artículos 127 y 134 fracción II, del Reglamento General del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas.

Ambas incidencias legislativas, constituyen argumentos suficientes para sostener que el Decreto 372 que contiene la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Zacatecas, surgió de un procedimiento que adolece de violaciones de carácter formal que incide de manera directa en la validez de la norma referida, pues en el primer supuesto se impidió a los Diputados que conforman la Sexagésima Legislatura, el discutir la reserva propuesta por uno de sus integrantes, por lo que al constituir una prerrogativa inherente a la naturaleza del cargo público desempeñado, se trastoca el principio de democracia representativa, que contienen los artículos 39, 40y 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los preceptos 6º y 7º de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, consistente en la posibilidad de que cada uno de los participantes en la sesión sea parte de un debate democrático en el que todas las fuerzas políticas que conforman el Congreso del Estado puedan hacer valer los argumentos que estimen pertinentes, a favor y en contra de la iniciativa sometida a su consideración, prevaleciendo de esta manera el principio deliberativo que debe caracterizar al procedimiento para la formación de una ley. Sirve para robustecer el argumento expuesto, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Nación, que en lo conducente para el caso concreto, señala: Novena Época. Registro: 170709. Instancia: Pleno. Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XXVI, diciembre 2007. Materia[s]: Constitucional. Tesis: P./J. 35/2007. Página: 993 […]

En armonía con los argumentos expuestos, la transgresión formal al procedimiento legislativo se sustenta en el análisis concatenado del artículo 65 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, los artículos 53 y 62 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas y el numeral 123 del Reglamento General del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, pues de tal ejercicio se colige en primer término, la facultad exclusiva de la Legislatura para expedir las leyes en el ámbito de su competencia, lo cual debe verificarse en apego a las disposiciones legales vigentes y en ese sentido, la discusión de las iniciativas sometidas a su consideración, corresponde indefectiblemente al Pleno, imperativo aplicable tanto a la discusión en lo general como al debate en lo particular del dictamen, de ahí que al haber dispensado tan importante trámite legislativo, se gestó un vicio formal que trae como consecuencia la invalidez de la norma y por ende la coyuntura para que prevalezca en Zacatecas la impunidad, escenario distinto a lo que se pretende con la expedición de nueva Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Zacatecas.

A mayor abundamiento, debe aclararse que el hecho de que en la sesión que tuvo verificativo el día 28 de marzo de 2011, en la que se aprobó el dictamen en lo general y se determinó regresar el mismo a la Comisión Jurisdiccional a efecto de que tomase en cuenta la reserva formulada por el Diputado Felipe Ramírez Chávez, de manera alguna implica que el Pleno haya delegado la facultad para deliberar sobre las particularidades a los integrantes de la Comisión, pues por principio de cuentas no existe constancia de la manifestación volitiva en tal sentido y menos aún pronunciamiento por parte de quien en ese momento presidía la Mesa Directiva.

Aunado a lo anterior, la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, en su artículo 63, así como el Reglamento General del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas en su numeral 125, otorgan una función más que concreta a la Comisión que elabore el dictamen sometido a la discusión del Pleno, así como el momento procesal en el habrá de intervenir, lo que de manera enunciativa a continuación se detalla: a) La comisión dictaminadora podrá actuar, una vez que se haya concluido la discusión en lo particular del dictamen y emitido la votación de los Diputados. b) La función específica de la comisión en esta etapa legislativa, será la de plasmar en el dictamen las adecuaciones aprobadas por la mayoría o bien suprimir aquéllos artículos que se estimen inconducentes. c) El dictamen reformado por la comisión dictaminadora, deberá ser sometido a la discusión y aprobación del Pleno, es decir, aquélla exclusivamente tiene la atribución de maquinar las modificaciones propuestas, por lo que de ninguna forma podrá calificarlas y menos desecharlas sin que exista la previa aprobación de la mayoría de los integrantes de esa Representación Popular. Además de los preceptos normativos precisados, el argumento expuesto encuentra sustento en el contenido de la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo contenido enseguida se trascribe: Novena Época. Registro: 179813. Instancia: Pleno. Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XX, diciembre de 2004. Materia[s]: Constitucional. Tesis: P./J. 117/2004. Página: 1111 […]

Se sustenta lo anterior, en el contenido de la jurisprudencia igualmente emitida por el Pleno del Máximo Tribunal en el País, que desde luego cobra relevancia en el caso particular por considerar un supuesto similar al que se analiza, siendo su contenido el siguiente: Novena Época. Registro: 167520. Instancia: Pleno. Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XXIX, abril de 2009. Materia[s]: Constitucional. Tesis: P./J. 37/2009. Página: 1110 […]

Con fundamento en lo expuesto, respetuosamente pongo a consideración de esa Honorable Legislatura la reposición del procedimiento legislativo del que derivó el Decreto número 372 que contiene la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Zacatecas, a partir de la discusión en lo particular, en razón a que se trata de un ordenamiento de trascendencia superior en relación a la materia que regula, pues no puede concebirse la administración pública sin la existencia de un instrumento jurídico eficaz que otorgue a la ciudadanía la certidumbre de que los atentados perpetuados por un servidor público en contra de los principios constitucionales que regulan su ejercicio, serán objeto de un procedimiento de responsabilidad en cualquiera de sus modalidades y en su caso sujeto de las sanciones pertinentes, de ahí que las formalidades exigidas para la formación de la ley, deben colmarse sin excusa alguna, toda vez que cualquier ciudadano que se sienta aludido por la aplicación de la norma en comento, válidamente podría acudir ante los Tribunales Federales alegando un vicio formal en el proceso legislativo de mayor envergadura, que de acuerdo a los antecedentes jurisprudenciales trascritos resultaría perfectamente procedente y generaría la inaplicabilidad absoluta de todos los artículos del ordenamiento expedido por esa Legislatura, escenario que tendría como antecedente la tesis jurisprudencial que a continuación se trascribe: Novena Época. Registro: 171475. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tesis Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXVI, septiembre de 2007. Materia[s]: Común. Tesis: I.1.5o.A.24 K. Página: 2527 […]

Por otro lado, siguiendo con el estudio de las violaciones formales al proceso legislativo que nos ocupa, he de referirme enseguida a la trasgresión al artículo 68 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, así como a los preceptos 127 y 134 fracción II, del Reglamento General del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, cuyo contenido da cuenta de otro principio básico del proceso de formación de una ley, en el sentido de que es la decisión de la mayoría de los diputados presentes en la sesión correspondiente, la que debe prevalecer, por lo que con base a ello se determina si un dictamen es aprobado, modificado o desechado, siendo contrario a toda lógica jurídica que el presidente de la Mesa Directiva en turno, al culminar la votación en lo particular del dictamen de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Zacatecas, determinara aprobarlo en sus términos, no obstante a que quince diputados votaran a favor de las reservas a los artículos 64, 65, 66, 69, 85, 86, 87, 88, 95 ,96, 100, 103, 108 y 2º transitorio del aludido dictamen, debiendo sumarse a este grupo la abstención de una de las diputadas presentes en la sesión, por lo que con la frialdad que caracteriza a los números, 10 no es superior a 16, consecuentemente, el decreto remitido al Ejecutivo a mi cargo para que sea promulgado, no refleja la voluntad de la mayoría legal requerida para que surja a la vida jurídica una ley, siendo más que evidente el vicio formal que conlleva a la invalidez absoluta de la norma en los términos antes expuestos, máxime cuando se omite además esbozar una motivación, que aunque igualmente ilegal, permitiese conocer las razones jurídicas de tal decisión.

Para robustecer lo anterior, sirve como referente el criterio jurisprudencial siguiente: Novena Época. Registro: 188907. Instancia: Pleno. Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XIV, agosto de 2001. Materia[s]: Constitucional. Tesis: P./J. 94/2001. Página: 438. Violaciones de carácter formal en el proceso legislativo. Son irrelevantes si no trascienden de manera fundamental a la norma […]

Dato informativo: similar criterio se sostuvo en las acciones de inconstitucionalidad 3/98. Partido de la Revolución Democrática. 24 de febrero de 1998. Mayoría de nueve votos. Disidente: Genaro David Góngora Pimentel. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Osmar Armando Cruz Quiroz.

Acción de inconstitucionalidad 2/99 y su acumulada 3/99. Partido Verde Ecologista de México y Partido del Trabajo. 8 de junio de 1999. Once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Osmar Armando Cruz Quiroz.

Acción de inconstitucionalidad 9/2001. Diputados integrantes de la LVII Legislatura del Congreso del Estado de Tabasco. 8 de marzo de 2001. Once votos. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretarios: Pedro Alberto Nava Malagón y Martín Adolfo Santos Pérez.

El Tribunal Pleno, en su sesión pública celebrada hoy 7 de agosto en curso, aprobó, con el número 94/2001, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a 7 de agosto de 2001. Bajo los argumentos expuestos, para salvaguardar los cánones procesales en materia legislativa y términos del artículo 125 del Reglamento General del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, el Presidente de la Mesa Directiva, debió preguntar a la Asamblea, dado el sentido de la votación, si el proyecto volvía a la Comisión para que formulasen las adecuaciones a los artículos sobre los que se aprobó la reserva, para que una vez solventada tal circunstancia, se sometiese nuevamente a la discusión y aprobación del Pleno el dictamen con las adecuaciones indicadas, prerrogativa que podrá ejercerse por los diputados, cuantas veces sea necesario mientras la discusión verse sobre la reserva propuesta y esté orientada al perfeccionamiento del dictamen presentado por la Comisión, pues es precisamente una obligación de quienes integran esa Representación Popular, vigilar que las leyes cuya expedición les competa, sea lo suficientemente discutida y resulte funcional en relación a las características reales del ámbito jurídico que habrá de reglamentar.

En ese sentido, se pone a consideración de esa Legislatura, la inclusión en el Decreto número 372 que contiene la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Zacatecas, una vez agotado el proceso en los términos antes referidos, de las modificaciones a los artículos 64, 65, 66, 69, 85, 86, 87, 88, 95, 96, 100, 103, 108 y 2º transitorio del dictamen, las cuales fueron aprobadas por la mayoría de los diputados presentes en la sesión verificada el día 27 de abril del año en curso.

Segundo: Ahora bien, no obstante la contundencia del argumento expuesto y ante la inminente reposición del proceso legislativo, me permito observar de manera específica el contenido del Decreto 372, ello al tenor de los siguientes puntos:»

Toda vez que los puntos I a XVI se refieren a los argumentos y propuesta que el Gobernador del Estado emite para las modificaciones a diecisiete artículos del Decreto nº 372, se señalan en el apartado «Valoración de las observaciones» en relación a cada uno de los artículos.

Los puntos I a XVI de las observaciones se refieren a los argumentos y propuesta que el Gobernador del Estado emite para las modificaciones a diecisiete artículos del Decreto nº 372, y se hará referencia en relación a cada uno de los artículos.

Resultando cuarto. En sesión del Pleno correspondiente al día 29 de noviembre de 2012, se llevó a cabo la discusión, en su caso aprobación, del Dictamen respecto de las observaciones del Ejecutivo del Estado al Decreto nº 372 que contiene la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Zacatecas, el cual fue aprobado por unanimidad de votos.

Por tanto, las observaciones a los artículos 4º fracción III, 12, 13 fracciones V y VI, 64, 65, 85, 95 fracción II, 96 fracción II, 99 fracción II y 108 fracciones I a III, se integran al presente Decreto.

Considerando primero. A manera de antecedente, una vez estudiada de forma integral la Iniciativa de Ley, se programaron diversas sesiones de trabajo con las y los Diputados integrantes para realizar un análisis conjunto, y de cuyos acuerdos se propuso una reestructuración del capitulado, así como diversas modificaciones al contenido de algunos artículos, conforme los argumentos que a continuación se expresan:

Se complementa la denominación «Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Zacatecas», es decir, se integra «y Municipios», en concordancia con el desarrollo de los contenidos de la iniciativa.

El Título Primero «Disposiciones generales» se conforma por los dos capítulos propuestos en la Iniciativa de Ley, y se integran otros dos capítulos: un capítulo segundo «Acciones preventivas para el adecuado ejercicio del servicio público», por ser una disposición general, el cual conformaba el Título Quinto «Del ejercicio del servicio público». Y como capítulo tercero «Tipos de procedimientos», que estaba ubicado en el Título Segundo de la iniciativa.

El Título Segundo de la iniciativa «De los procedimientos» se consideró que la materia de los contenidos se dividiera de la siguiente manera: un Título Segundo sólo para «Procedimiento de juicio político y declaración de procedencia» conformado con un capítulo primero de «Disposiciones generales» de los citados procedimientos, un capítulo segundo «Procedimiento de juicio político» y un capítulo tercero «Declaración de procedencia».

Enseguida, se conforma un Título Tercero para el «Procedimiento de responsabilidades administrativas» el cual se integró con el capítulo primero «Reglas comunes»; el capítulo segundo para el «Procedimiento a cargo de la Legislatura»; el capítulo tercero «Procedimiento a cargo de las contralorías internas», y el capítulo cuarto «Procedimiento a cargo de otras autoridades».

El Título Tercero de la iniciativa, pasa a ser Título Cuarto, con la denominación «Medios de apremio y sanciones». En cuanto al Título Cuarto de la iniciativa «De los medios de impugnación» que atinadamente pretende normar en este mismo ordenamiento jurídico, respecto al recurso de revocación o juicio de nulidad aplicable a los procedimientos, se reubica, en parte, en el capítulo tercero «Responsabilidades administrativas a cargo de las contralorías internas» del Título Tercero «Procedimiento de responsabilidades administrativas», especificando que los servidores públicos a los que se finquen responsabilidades «por la Contraloría Estatal o municipal», podrán optar por interponer el recurso de revocación o impugnarlas directamente ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado y Municipios de Zacatecas. La citada especificación textual obedece a que pudiera prestarse a confusiones y pretender aplicarlo a los demás procedimientos objeto de esta Ley, que de conformidad con el artículo 147 de la Constitución Política del Estado: «Son inatacables las declaraciones y resoluciones que de conformidad con lo dispuesto en este Título, expidan la Legislatura o el Tribunal Superior de Justicia del Estado».

Así, el Título Sexto de la iniciativa, pasa a ser Título Quinto «Registro patrimonial de los servidores públicos».

Al realizar un estudio minucioso del articulado de la iniciativa, coincide en gran parte de los contenidos sustanciales propuestos, tales como:

-Los sujetos y causales de responsabilidad.

-Eliminar la facultad discrecional del titular del Ejecutivo del Estado y de la Contraloría Interna del Gobierno del Estado de no sancionar cuando exista responsabilidad administrativa.

-Eliminar la facultad discrecional de los ayuntamientos para imponer sanciones a los servidores públicos.

-Establecer un nuevo procedimiento de notificaciones con reglas más precisas.

-Adicionar como causal de juicio político, las violaciones graves y sistemáticas a los derechos humanos.

-Ampliar las sanciones aplicables.

-Ampliar el término para la imposición de sanciones, de tres y cuatro años.

-Emitir un Código de Ética con reglas claras para la actuación de los servidores públicos.

Consideramos sustanciales las diversas adecuaciones al articulado de la iniciativa, entre las más importantes se encuentran:

-Se integran como autoridades facultadas para aplicar la Ley, a los ayuntamientos, las contralorías municipales y el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado y Municipios de Zacatecas.

-Se adiciona como artículo 5º, la responsabilidad general de los servidores públicos: cumplir las obligaciones o prohibiciones previstas en esta Ley, a fin de salvaguardar los principios constitucionales de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia y eficacia que rigen servicio público.

-Así se concreta de manera textual, que el incumplimiento de los deberes que impone la función pública, origina la responsabilidad del servidor público, la cual puede ser: 1) responsabilidad política para servidores públicos de alto rango, por la comisión de actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho; 2) responsabilidad penal para los servidores públicos que incurran en algún delito; 3) responsabilidad administrativa para los que falten a la legalidad, imparcialidad, honradez, lealtad y eficiencia en la función pública, y 4) responsabilidad civil para los servidores públicos que con su actuación ilícita causen daños patrimoniales.

-Concatenado a estas cuatro vertientes, el sistema de responsabilidades de los servidores públicos descansa en el principio de autonomía, conforme al cual para cada tipo de responsabilidad se instituyen órganos, procedimientos, supuestos y sanciones propias, aunque algunas de éstas coincidan desde el punto de vista material. De modo que un servidor público puede ser sujeto de varias responsabilidades y, por lo mismo, susceptible de ser sancionado en diferentes vías y con distintas sanciones.

-Enseguida se reestructura el artículo de obligaciones de los servidores públicos, el cual conserva las diversas causales de responsabilidad administrativa, pero se distinguen aquellas que contienen prohibiciones a los servidores públicos, y se integran en un artículo subsecuente.

-Por resultar fundamental dichos contenidos, se consideró de suma importancia, realizar un estudio minucioso a cada una de las fracciones de obligaciones y prohibiciones, y estar en condiciones de proponer sanciones específicas a cada una de las causales, a diferencia de la iniciativa que contempla sanciones de manera general.

-Por tanto, se realizan diversas adecuaciones al Título Cuarto «Medios de apremio y sanciones». En lo que corresponde al artículo 96 [93 en iniciativa], se reestructuró para adicionar las diversas graduaciones de sanciones, las cuales hacen referencia a las fracciones específicas de obligaciones o prohibiciones de los servidores públicos. Con ello se propicia el orden de las obligaciones y prohibiciones, en atención a si en la conducta administrativa se presenta una falta leve o grave y así precisar un parámetro para la graduación de las sanciones.

-Lo anterior, porque como diputados y representantes de la sociedad, es nuestro deber proporcionar un marco jurídico que brinde seguridad jurídica, tanto a los servidores públicos, como a las autoridades que aplican la Ley, además de regular de forma precisa y evitar la discrecionalidad al momento de individualizar las sanciones.

-En este rubro, se sientan las bases para diferenciar las faltas graves y leves, cuya identificación de gran importancia para la imposición de las sanciones correspondientes. El principio de cuantificación por el cual se califican en conductas graves, parte de una cantidad determinada del daño o perjuicio que la conducta ocasionó, de lo cual deriva que se impongan las sanciones de inhabilitación de uno a diez años o de diez a veinte años, así como destitución y sanciones económicas.

-Por su parte, cuando sean conductas no consideradas graves por la Ley, o no se causen daños o perjuicios, ni exista beneficio o lucro alguno, se impondrán de seis meses a un año de inhabilitación, suspensión de tres días a seis meses o amonestación pública o privada, dependiendo de las particularidades de la conducta e individualización de la sanción.

-Y en concordancia con las disposiciones vigente a nivel federal en materia de responsabilidades de los servidores públicos, se amplía la suspensión a un periodo no menor de tres días ni mayor de seis meses, toda vez que la iniciativa lo proponía hasta tres meses, y en atención a que la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, contempla suspensión de tres días a un año.

-Resulta importante precisar que en la inhabilitación, se conservan los mismos plazos propuestos en la iniciativa, pero se modifica el elemento de medición para su imposición, la iniciativa propuso salario mínimo «diario», el cual cambia a «salario mínimo general mensual» para homologar el criterio con otras disposiciones de la materia, tanto a nivel Estatal como federal. De tal forma que cuando el lucro obtenido o los daños o perjuicios causados no excedan de doscientas veces el salario mínimo general mensual vigente en el Estado, la inhabilitación será de uno a diez años, y si supera este monto, la sanción será de diez a veinte años.

-Se elimina el resarcimiento de daños y perjuicios que la iniciativa contempla como sanción, toda vez que, de acuerdo con el artículo 154 de la Constitución Política del Estado, corresponde a las sanciones económicas, las cuales no podrán exceder de tres tantos de los beneficios obtenidos o de los daños y perjuicios causados.

-En este sentido, la sanción económica sólo incluye la multa, dejando la indemnización y la reparación del daño a otros ordenamientos, como la Ley de Fiscalización para el Estado de Zacatecas. Esta consideración se sustenta en la diversa naturaleza de ambas figuras, ya que la sanción económica constituye un castigo, en tanto que la indemnización y reparación del daño son cargas resarcitorias, cuyo fin es el restablecimiento económico del daño causado, y que se materializa en los pliegos de responsabilidades resarcitorias.

-Por su parte, se diferencia entre imposición y ejecución de sanciones, al reconocer como autoridades sancionadoras a la Contraloría Estatal, a las contralorías municipales, y a los contralores de las dependencias; por su parte, se deja al titular de la dependencia o entidad, la facultad para la ejecución de las sanciones, y el caso de amonestación pública o privada, al superior jerárquico.

Considerando segundo. Como quedó anotado, la Comisión Jurisdiccional en reuniones de trabajo de fechas 12 y 23 de noviembre del presente, se abocó al análisis, discusión y aprobación del documento de las observaciones en el mismo orden que fueron expuestas por el titular del Ejecutivo del Estado. En el fundamento Primero expresaron diversos argumentos relativos al procedimiento legislativo de discusión, aprobación y votación del Decreto nº 372. Y el fundamento Segundo motiva en particular las observaciones a los artículos 4º, 12, 13, 21, 44, 53, 64, 65, 69, 85, 88, 95, 96, 99, 103, 108 y artículo 2º transitorio del Decreto que contienen la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Zacatecas.

Respecto del fundamento Primero es preciso señalar, previo a un análisis del procedimiento legislativo, que el Gobernador del Estado solicitó la reposición del procedimiento legislativo a partir de la discusión en lo particular. Sin embargo, la Constitución Política del Estado no le otorga facultad expresa para observar lo relativo al procedimiento legislativo seguido en la discusión, votación y aprobación de determinado Proyecto de Ley.

Por su parte, el artículo 4º de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, dispone: «La Legislatura tendrá la organización, funcionamiento y gobierno interior que establece la Constitución Política del Estado, esta Ley y su Reglamento General. Esta Ley, su reglamentación, sus reformas y adiciones, no necesitarán de promulgación del Gobernador del Estado, ni podrán ser objeto de veto». Es decir, «esta Ley, su reglamentación» implican el contenido íntegro de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y su Reglamento General, las cuales no requieren de promulgación, solo se envían al Ejecutivo para efectos de publicación y se le impide vetarlas. Por tanto, si no tiene facultades para observar sus disposiciones, menos aún al llevar a cabo los procedimientos regulados en la ley y reglamento.

En este análisis es aplicable además el artículo 142 del Reglamento General del Poder Legislativo que dispone «La ley o decreto devueltos por el Gobernador, se darán a conocer al Pleno y de inmediato serán turnados a la comisión o comisiones de origen, para que dictaminen las observaciones realizadas por el Ejecutivo. La discusión y votación de las observaciones serán realizadas con las mismas formalidades señaladas para los dictámenes. El análisis sólo versará sobre los artículos o parte de la ley o decreto observados».

Sin embargo, se hace la referencia al procedimiento legislativo, toda vez que el Decreto 372 es válido. En sesión de 28 de marzo de 2012 se llevó a cabo la discusión en lo general del Decreto de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Zacatecas. Se aprobó en lo general por unanimidad de los diputados asistentes a la sesión, es decir, 23 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.

El procedimiento de discusión, votación y aprobación en lo general cumplió con lo establecido en el artículo 61 constitucional, al observar puntualmente el procedimiento conforme la ley. Es decir, se observó el procedimiento legal de los artículos 58, 59, 60 y 61 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas. Asimismo, se cumplió el procedimiento reglamentario de artículos 120, 121 y 122 del Reglamento General del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas.

En la misma sesión del 28 de marzo, el diputado Felipe Ramírez Chávez presentó un escrito para reservar en lo particular «en conjunto todo el dictamen». El escrito fue aceptado por el Presidente de Mesa Directiva, a pesar de no cumplir requisitos, por no especificar artículos reservados, considerandos, exposición de motivos o citar cuál parte del dictamen. Por votación de la mayoría del Pleno, se resolvió que el Dictamen regresaba a la Comisión Jurisdiccional.

En fecha 17 de abril de 2012, el Diputado Felipe Ramírez Chávez, promovente de la reserva en lo particular, presentó ante la Comisión Jurisdiccional, el documento de los artículos reservados. Solicitar a la Comisión dictaminadora se modifiquen los artículos: 4º, 7º, 62, 64, 65, 69, 70, 95, 98, 103, 105, 2º transitorio, y suprimir del Dictamen los artículos 66, 67 y 68. Con ello, el procedimiento de reserva en lo particular se corrige al ajustarse a lo establecido por el artículo 62 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 123 del Reglamento General.

En reunión de trabajo de esa misma fecha, la Comisión Jurisdiccional, analizó las reservas en lo particular, y con la facultad otorgada por el Pleno, se votaron siete artículos a favor, de un total de once artículos propuestos en la reserva, al desistir el promovente de dos artículos reservados.

En sesión de 24 de abril de 2012, la Comisión Jurisdiccional, con base en los artículos 63 de la Ley Orgánica y 125 del Reglamento General, presenta a consideración del Pleno, el dictamen con las modificaciones propuestas en la reserva en lo particular, es decir, para llevar a cabo la votación.

En sesión de 27 de abril de 2012 se llevó a cabo la votación en lo particular del proyecto de Decreto en cita, en la cual el Presidente de la Mesa declaró «aprobado en lo particular en sus términos originales y se dará trámite correspondiente». Con diez votos a favor del Dictamen en sus términos, y se sumaron una abstención expresa y quince abstenciones tácitas, al no expresar voto a favor o en contra, de acuerdo a lo establecido en el artículo 134 fracción I del Reglamento General del Poder Legislativo Estado de Zacatecas.

Y si se presentaron diversas irregularidades en el procedimiento legislativo, fueron exclusivamente en relación a los artículos reservados en lo particular. Y toda vez que la discusión y votación en lo particular no afectan al total de la ley en proceso, máxime si prevaleció el resultado de la votación en lo general, misma que cumplió con todos los requisitos constitucionales, legales y reglamentarios.

De ahí que el Pleno de esta Legislatura está en acuerdo con el argumento del Gobernador que sostiene en base a la siguiente jurisprudencia:

«Para robustecer lo anterior, sirve como referente el criterio jurisprudencial siguiente: Novena Época. Registro: 188907. Instancia: Pleno. Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XIV, agosto de 2001. Materia[s]: Constitucional. Tesis: P./J. 94/2001. Página: 438. Violaciones de carácter formal en el proceso legislativo. Son irrelevantes si no trascienden de manera fundamental a la norma. […] Dentro del procedimiento legislativo pueden darse violaciones de carácter formal que trascienden de manera fundamental a la norma misma, de tal manera que provoquen su invalidez o inconstitucionalidad y violaciones de la misma naturaleza que no trascienden al contenido mismo de la norma y, por ende, no afectan su validez. Lo primero sucede, por ejemplo, cuando una norma se aprueba sin el quórum necesario o sin el número de votos requeridos por la ley, en cuyo caso la violación formal trascendería de modo fundamental, provocando su invalidez. En cambio cuando, por ejemplo, las comisiones no siguieron el trámite para el estudio de las iniciativas, no se hayan remitido los debates que la hubieran provocado, o la iniciativa no fue dictaminada por la comisión a la que le correspondía su estudio, sino por otra, ello carece de relevancia jurídica si se cumple con el fin último buscado por la iniciativa, esto es, que haya sido aprobada por el Pleno de órgano legislativo y publicada oficialmente. En este supuesto los vicios cometidos no trascienden de modo fundamental a la norma con la que culminó el procedimiento legislativo, pues este tipo de requisitos tiende a facilitar el análisis, discusión y aprobación de los proyectos de ley por el Pleno del Congreso, por lo que si éste aprueba la ley, cumpliéndose con las formalidades trascendentes para ello, su determinación no podrá verse alterada por irregularidades de carácter secundario. Acción de inconstitucionalidad 25/2001. Diputados integrantes de la Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado de Hidalgo. 7 de agosto de 2001. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretarios: Pedro Alberto Nava Malagón y Martín Adolfo Santos Pérez».

Se sostiene, con fundamento en la jurisprudencia anterior y criterios similares adoptadas en las acciones de inconstitucionalidad, citados en el apartado Primero de los fundamentos de las observaciones, que los vicios cometidos no trascienden de modo fundamental al Decreto con el cual culminó el procedimiento legislativo, es decir, en los términos originales aprobados por unanimidad de votos.

Enseguida, se analizaron todos y cada uno de los fundamentos del apartado Segundo de las observaciones, el cual contiene los argumentos en específico de los artículos objetados por el Ejecutivo al Decreto nº 372.

Cabe precisar que el artículo 62 fracción III de la Constitución Política del Estado distingue dos tipos de veto: el total y el parcial. En el caso en estudio, el Gobernador regresó a la Legislatura observaciones de diecisiete artículos del Decreto nº 372 con los cuales disiente, por lo cual se trata de un veto parcial. Se confirma entonces que el titular del Ejecutivo está de acuerdo con el resto de los artículos que integran el Decreto de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Zacatecas.

Y en relación a los artículos en desacuerdo y por ello observados, la Comisión Jurisdiccional sustentó el Dictamen con las facultades otorgadas por el artículo 123 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo «Las Comisiones Legislativas son órganos internos de la Legislatura, que tienen como facultades el conocimiento, estudio, análisis y dictamen de las iniciativas, acuerdos y demás asuntos presentados a la Asamblea y turnados por el Presidente de la Mesa Directiva y/o el Secretario General».

Facultades que se especifican en el Reglamento General del Poder Legislativo: el artículo 67 dispone «El análisis del proyecto de dictamen comenzará sometiéndose a la consideración de los Diputados presentes. Se discutirá primeramente en lo general y después en lo particular». Por su parte, el artículo 71 reza «Los acuerdos que se tomen se resolverán por mayoría de votos y en caso de empate, el Presidente de la comisión tendrá voto de calidad». Y el artículo 107 fracción IV referente al contenido del dictamen «El contenido del decreto en los términos aprobados por la comisión o comisiones unidas, que podrá ser de ley; de reforma; de reforma y adición; de reforma y derogación; de reforma, adición y derogación; de derogación o de abrogación de una ley o decreto».

Se llevó a cabo el análisis de las observaciones del Ejecutivo, sometiendo a la consideración de los diputados integrantes y se discutió en lo general y en lo particular. El resultado de la votación fue en los siguientes términos:

I. Art. 4º. Se procedió a dar lectura a la observación del Ejecutivo al artículo 4º del Decreto nº 372, relativa a la inclusión de los órganos autónomos, a través de sus órganos internos de control, como autoridades facultadas para aplicar la Ley que se discute, propuesta que se acepta y aprueba por unanimidad.

II. Art. 12. Posteriormente se da lectura a la observación del Ejecutivo de suprimir el artículo 12 del Decreto, mismo que se refiere a la emisión de un Código de Ética por parte de los órganos de control interno. Se acepta la propuesta y se aprueba por unanimidad.

III. Art. 13. Se da lectura a la observación relativa a la reforma de la fracción V del artículo 13 del Decreto, que establece cuales son las autoridades competentes para instaurar procedimientos en contra de servidores públicos del Poder Judicial y de los organismos públicos autónomos. Por Unanimidad se acepta parcialmente la observación del Ejecutivo, pero se corrige y modifica la fracción V y VI.

IV. Art. 21. Se da lectura a la observación al artículo 21 del Decreto, el cual al someterse a votación y se decide por unanimidad no modificarlo, por lo cual subsiste en sus términos originales.

V. Art. 44. Se somete a votación la observación artículo 44 del Decreto, relativa a que la prueba testimonial se admita en el procedimiento de responsabilidades administrativas, la cual no es aceptada por unanimidad, y subsiste en sus términos originales.

VI. Art. 53. Se somete a votación la observación de suprimir la fracción III del artículo 53 del Decreto, el cual por unanimidad no es aceptada y subsiste en sus términos originales.

VII. Art. 64. Se somete a consideración la observación del Ejecutivo para adicionar un párrafo al artículo 64 del Decreto, misma que se aprueba por unanimidad.

VIII. Anexar un numeral después del artículo 65. Se somete a votación esta observación relativa al establecimiento de un procedimiento de auditoría, la cual se aprueba, sólo se ubica antes del artículo 65, y toda vez que el contenido que hace referencia a las auditorías es el artículo 64, el texto propuesto se integra en este numeral. Asimismo, se modifica la fracción I para establecer de manera expresa que únicamente la persona o personas que deban efectuar la auditoría podrán ser sustituidas, aumentadas o reducidas en su número, en cualquier tiempo por la autoridad que ordene la revisión. Asimismo, se modifica la fracción VI para establecer de manera precisa la terminología, modificando la denominación de dictamen de presunta responsabilidad administrativa por el de dictamen de auditoría.

IX. Art. 69. Se somete a consideración la observación al artículo 69 del Decreto, relativo a las etapas procesales del procedimiento de responsabilidades administrativas, la cual por mayoría no es aceptada y subsiste en sus términos originales.

X. Art. 85. Se somete a votación la observación al artículo 85 del Decreto y es aceptada en los términos que propone el Ejecutivo. Asimismo, posteriormente se vota por unanimidad que se adicione al final del texto del artículo «de conformidad a esta Ley».

XI. Art. 88. Se somete a votación la observación al artículo 88 y no se aprueba, por lo que subsiste en sus términos originales.

XII. Art. 95. Se somete a votación la observación al artículo 95 del Decreto, y unánimemente se decide que permanezca en los términos originales. Sólo se adiciona la fracción II de las observaciones relativa al trabajo comunitario como sanción administrativa, recorriéndose las demás en su orden.

XIII. Art. 96. Se somete a votación la observación al artículo 96 del Decreto, relativo al catálogo de sanciones administrativas de la ley respectiva, la cual no es aceptada por mayoría y subsiste en sus términos originales y en concordancia con la modificación de la fracción II del artículo 95 se adiciona lo relativo al trabajo comunitario en su fracción II.

XIV. Art. 99. Se somete a votación la observación al artículo 99 del mismo Decreto, que contiene las reglas de aplicación de sanciones administrativas, la cual no es aceptada por mayoría y subsiste en sus términos originales. Y en concordancia con la modificación de la fracción II del artículo 95 se adiciona lo relativo al trabajo comunitario en su fracción II.

XV. Art. 103. Se somete a votación la observación del Ejecutivo al artículo 103 del Decreto, que establece el término de la prescripción para imponer sanciones, y no se acepta por mayoría y prevalece en sus términos originales.

XVI. Art. 108. Se somete a votación la observación del Ejecutivo al artículo 108 del Decreto y se aprueba por unanimidad se admita parcialmente en los siguientes términos: la fracción I establece el plazo de cuarenta días hábiles siguientes a la toma de posesión para la presentación de la declaración inicial; fracción II establece el plazo de treinta días hábiles a la conclusión del encargo para la presentación de la declaración final; la fracción III se acepta en los términos propuestos por el Ejecutivo únicamente en lo relativo al párrafo primero y la parte inicial del párrafo segundo.

XVII. Art. 2º transitorio. Se somete a votación la observación del Ejecutivo al artículo 2º transitorio, propuesta que no es aprobada por mayoría, por lo que prevalece en sus términos originales.

Por último y en virtud de que el Pleno determinó suprimir el contenido del artículo 12; en atención a la técnica legislativa y a la necesaria corrección de estilo del presente Instrumento Legislativo, establecida en el artículo 139 y relativos aplicables del Reglamento General del Poder Legislativo, se determina establecer el siguiente contenido en el artículo antes mencionado y su repercusión técnica en las disposiciones transitorias:

«Artículo 12. De conformidad al artículo anterior, las dependencias y entidades realizarán un diagnóstico previo al establecer acciones permanentes para delimitar las conductas que en situaciones específicas deberán observar los servidores públicos en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones».

Por lo anteriormente expuesto y fundado, y con apoyo además en lo dispuesto por los artículos 140 y 141 del Reglamento General del Poder Legislativo, en nombre del pueblo es de decretarse y se decreta

LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS
DEL ESTADO Y MUNICIPIOS DE ZACATECAS

TÍTULO PRIMERO
Disposiciones generales

Capítulo I
Objeto, sujetos de responsabilidad y
autoridades competentes

Artículo primero. Esta Ley tiene por objeto reglamentar el Título Séptimo de la Constitución Política del Estado, en materia de:

I. Sujetos de elección popular;

II. Sujetos de responsabilidad que desempeñen un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza, en el Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial del Estado y en los ayuntamientos;

III. Sujetos de responsabilidad que desempeñen un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza, en los organismos públicos autónomos, organismos descentralizados, entidades de la Administración Pública Paraestatal y paramunicipal, empresas de participación estatal y fideicomisos públicos;

IV. Las obligaciones en el servicio público;

V. Las responsabilidades y sanciones administrativas en el servicio público, así como las que se deban resolver mediante juicio político;

VI. Las autoridades competentes y el procedimiento para aplicar dichas sanciones; y

VII. El registro patrimonial de los servidores públicos.

Art. 2º Son servidores públicos y sujetos de esta Ley:

I. Los representantes de elección popular estatales y municipales;

II. Los miembros del Poder Judicial del Estado;

III. Los funcionarios y empleados de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y municipios;

IV. Los Magistrados de otros tribunales del Estado;

V. Los integrantes del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas;

VI. Toda persona que desempeñe algún empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza, al servicio de la Administración Pública Centralizada, paraestatal, municipal y paramunicipal, en organismos públicos autónomos y descentralizados; y

VII. Miembros de cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada, fideicomiso, mandato o fondo que reciba, recaude, administre, maneje o aplique recursos públicos.

Art. 3º Para los efectos de la presente Ley, se entenderá por:

I. Auditoría: Auditoría Superior del Estado;

II. Comisión de Examen Previo: las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Jurisdiccional de la Legislatura;

III. Comisión Instructora: las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Jurisdiccional de la Legislatura, constituidas para sustanciar el juicio político;

IV. Constitución Federal: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

V. Constitución Política del Estado: Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Zacatecas;

VI. Contraloría estatal: Contraloría Interna del Gobierno del Estado;

VII. Contralorías municipales: órganos de vigilancia y control interno de los ayuntamientos;

VIII. Declaración de procedencia: la resolución por medio de la cual la Legislatura determina que es procedente dar curso al procedimiento de responsabilidad penal, derivando suspender al servidor público de su función;

IX. Juicio político: procedimiento que se lleva a cabo cuando los servidores públicos que se señalan en los artículos 148 y 151 de la Constitución Política del Estado y el segundo párrafo del artículo 110 de la Constitución Federal, en el desempeño de sus funciones incurren en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos o de su buen despacho;

X. Legislatura: Legislatura del Estado de Zacatecas;

XI. Ley: Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Zacatecas;

XII. Ley Orgánica: Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas;

XIII. Pedimento: documento fundado y motivado que formula el Procurador General de Justicia, mediante el cual hace del conocimiento a la Legislatura tener por comprobado el cuerpo del delito y la probable responsabilidad de algún servidor público previsto en los artículos 148 y 151 de la Constitución Política del Estado, y en el que solicita la separación del cargo para que sea sujeto de proceso penal;

XIV. Reglamento General: Reglamento General del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas; y

XV. Responsabilidad administrativa: es aquella que surge cuando el servidor público despliega conductas que afectan la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia y eficacia que debe observar en el desempeño de su cargo o empleo y que es susceptible de la aplicación de una sanción.

Art. 4º Las autoridades facultadas para aplicar la presente Ley, en el ámbito de sus respectivas competencias, son:

I. La Legislatura;

II. El Tribunal Superior de Justicia del Estado;

III. Los órganos autónomos, a través de sus órganos internos de control;

IV. La Auditoría;

V. La Contraloría Estatal;

VI. Los ayuntamientos;

VII. Las contralorías municipales;

VIII. El Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado y Municipios de Zacatecas; y

IX. Los demás órganos e instituciones que determinen las leyes.

Art. 5º Es responsabilidad de los servidores públicos, cumplir las obligaciones o prohibiciones previstas en esta Ley, independientemente de las específicas que correspondan en el desempeño de sus funciones, empleos, cargos o comisiones, a fin de salvaguardar los principios constitucionales de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia y eficacia que rigen en el servicio público.

Art. 6º Son obligaciones que deben observar los servidores públicos, las siguientes:

I. Cumplir con la máxima diligencia el servicio que les sea encomendado, así mismo, las que les dicten sus superiores, en el ejercicio de sus atribuciones;

II. Observar buena conducta en su empleo, cargo o comisión, tratando con respeto, diligencia, imparcialidad y rectitud a las personas con las que tenga relación en el ejercicio de sus funciones;

III. Comunicar por escrito al titular de la dependencia o entidad en la que preste sus servicios, las dudas fundadas que le suscite la procedencia de las órdenes que reciba y que pudiesen implicar violaciones a la ley o a cualquier otra disposición jurídica o administrativa, a efecto de que el titular dicte las medidas que en derecho procedan, las cuales deberán ser notificadas al servidor público que emitió la orden y al interesado;

IV. Supervisar que los servidores públicos sujetos a su dirección, cumplan con las disposiciones de esta Ley en lo que corresponda;

V. Informar al superior jerárquico de todo acto u omisión de los servidores públicos sujetos a su dirección, que pueda implicar inobservancia de sus obligaciones;

VI. Formular y ejecutar con apego a la Ley, los planes, programas y presupuestos, así como la administración de fondos públicos;

VII. Rendir cuentas sobre el ejercicio de las funciones que tenga conferidas y coadyuvar en la rendición de cuentas de la gestión pública, proporcionando la documentación e información que le sea requerida en los términos que establezcan las disposiciones legales correspondientes;

VIII. Presentar en los plazos establecidos los informes, datos o documentos que otras autoridades en el ejercicio de sus funciones les requieran;

IX. Denunciar por escrito los actos u omisiones que en ejercicio de sus funciones llegare a advertir respecto de cualquier servidor público que puedan constituir hechos delictuosos o de responsabilidad administrativa en los términos de la Ley y demás disposiciones aplicables;

X. Respetar el derecho de petición que hagan valer los ciudadanos;

XI. Custodiar y preservar la documentación e información que por razón de su empleo, cargo o comisión, tenga bajo su cuidado, o a la cual tenga acceso, impidiendo o evitando su uso, sustracción, destrucción, ocultamiento o inutilización indebida;

XII. Ordenar y vigilar, en el caso de los integrantes de los ayuntamientos, que se realice la publicación en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado, los planes, programas, presupuestos de egresos y reglamentos municipales;

XIII. Expedir al interior de la entidad pública el reglamento de escalafón, de conformidad a lo establecido en la Ley del Servicio Civil del Estado;

XIV. Presentar con oportunidad y veracidad la declaración de situación patrimonial ante la Auditoría o la Contraloría Estatal, en los términos que señala esta Ley;

XV. Proporcionar en forma oportuna y veraz, toda información y datos solicitados por la institución a la que legalmente le competa la vigilancia y defensa de los derechos humanos. En el cumplimiento de esta obligación, además, el servidor público deberá permitir, sin demora, el acceso a los recintos o instalaciones, expedientes o documentación que la institución de referencia considere necesario revisar para el eficaz desempeño de sus atribuciones y corroborar, también, el contenido de los informes y datos que se le hubiesen proporcionado. Asimismo los servidores públicos deberán cumplir en sus términos las recomendaciones de las Comisiones de Derechos Humanos emitidas conforme a la legislación e implementar las medidas precautorias o cautelares que hayan sido aceptadas, y abstenerse de negarlas a sabiendas de que existan los hechos que las motivan;

XVI. Acatar en sus términos los acuerdos, requerimientos y resoluciones que emitan las autoridades de la Federación, del Estado y de los municipios;

XVII. Administrar con honradez y sin desviaciones los recursos y fondos públicos de que pueda disponer;

XVIII. Someter a licitación o concurso, en su caso, la asignación de obras públicas;

XIX. Abstenerse de causar daños y perjuicios a la Hacienda Pública Estatal o municipal, sea por el manejo irregular de fondos y recursos públicos, o por irregularidades en el ejercicio o pago de recursos presupuestales del Estado o municipios o de los concertados o convenidos por el Estado con la Federación, o sus municipios; y

XX. Las demás que le impongan las leyes, reglamentos y otras disposiciones normativas.

Art. 7º Son prohibiciones de los servidores públicos, las siguientes:

I. Disponer o autorizar a un subordinado a no asistir, sin causa justificada, a sus labores, así como de otorgar indebidamente licencias, permisos o comisiones con goce parcial o total de sueldo y otras percepciones;

II. Tener colaboradores en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, que no sea servidores públicos, salvo aquellos que colaboren con motivo de programas de servicio social o prácticas profesionales;

III. Incurrir en cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia del servicio público;

IV. Divulgar la información reservada a que tengan acceso, con motivo de sus funciones;

V. Discriminar o realizar cualquier acto que implique distinción, exclusión o restricción, basada en el origen étnico o nacionalidad, género, edad, discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil, o cualquier otra que impida la selección, contratación o nombramiento en empleos, cargos o comisiones, o tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas;

VI. Manifestar información falsa o tergiversada en los informes de gobierno que rindan los titulares del Poder Ejecutivo Estatal o municipales;

VII. Desempeñar más de un empleo, cargo o comisión remunerados en el sector público. Excepto, en las áreas de la docencia, la salud o la beneficencia, y ello no afecte el buen desempeño de sus responsabilidades;

VIII. Incumplir con la creación y desarrollo de los programas de capacitación y adiestramiento, dentro de la entidad pública de que sea titular;

IX. Incumplir a través de acto u omisión cualquier disposición legal, reglamentaria o administrativa relacionada con el servicio público;

X. Dejar de aplicar, cumplir y hacer válidas las sanciones, multas y medios de apremio que contempla la legislación vigente;

XI. Tramitar o intervenir como abogado, representante, apoderado o en cualquier otra forma semejante, en la atención de asuntos de los que haya tenido conocimiento, tramitando o que se encuentren en el área en la cual se desempeñó como servidor público. Esta prevención es aplicable hasta un año después de que el servidor público se haya retirado del empleo, cargo o comisión;

XII. Incurrir en abuso de autoridad, o en ejercicio indebido de empleo, cargo o comisión;

XIII. Ejercer las funciones de un empleo, cargo o comisión después de concluido el periodo para el cual se le designó o de haber cesado, por cualquier otra causa, en el ejercicio de sus funciones;

XIV. Omitir o alterar registros, actos o partes de la contabilidad de los recursos públicos o de la información financiera;

XV. Autorizar la selección, contratación, nombramiento o designación de quien no cumpla requisitos, o se encuentre inhabilitado por resolución firme de la autoridad competente para ocupar un empleo, o comisión en el servicio público.

Se considerará que cumple el requisito de no antecedentes penales, la persona que haya sido condenada y habiendo cumplido su pena, exhiba en su solicitud de trabajo, su constancia de readaptación expedida por la Dirección General de Prevención y Reinserción Social;

XVI. Intervenir o participar indebidamente en la selección, nombramiento, designación, contratación, promoción, suspensión, remoción, cese, rescisión del contrato o sanción de cualquier servidor público, cuando tenga interés personal, familiar o de negocios.

Incurre en nepotismo, quien conceda empleo, cargo o comisión remunerados, a su cónyuge, concubina o parientes consanguíneos en línea recta sin límite de grados; en línea colateral, hasta el cuarto grado; por afinidad, hasta el segundo grado, y parientes por adopción.

Se excluye de esta disposición a quienes tengan antigüedad anterior al inicio de una nueva administración;

XVII. Intervenir en cualquier forma en la atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquellos de los que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge, concubina, parientes en los tipos y grados considerados como nepotismo; o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen o hayan formado parte;

XVIII. Contratar o autorizar pedidos y contratos en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, relacionados con adquisiciones, arrendamientos y enajenación de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra pública o de servicios relacionados con ésta, con quien desempeñe un empleo, cargo o comisión en el servicio público, o bien, con las sociedades de las que dichas personas formen parte;

XIX. Adquirir para sí o para las personas a que se refieren la fracción XVII, bienes inmuebles que pudieren incrementar su valor o, en general, que mejoren sus condiciones, como resultado de la realización de obras o inversiones públicas o privadas, que haya autorizado o tenido conocimiento con motivo de su empleo, cargo o comisión. Esta restricción será aplicable hasta un año después de que el servidor público se haya retirado del empleo, cargo o comisión;

XX. Solicitar, aceptar o recibir, por sí o por interpósita persona, dinero u objetos mediante enajenación a su favor en precio notoriamente inferior al que el bien tenga en el mercado ordinario, o cualquier donación, empleo, cargo o comisión para sí, o para las personas consideradas en la condición de nepotismo; y que procedan de cualquier persona física o moral cuyas actividades profesionales, comerciales o industriales se encuentren directamente vinculadas, reguladas o supervisadas por el servidor público de que se trate, en el desempeño de su empleo, cargo o comisión y que implique intereses en conflicto;

XXI. Aprovechar la posición que su empleo, cargo o comisión le confiere para inducir a que otro servidor público efectúe, retrase u omita realizar algún acto de su competencia, que le reporte cualquier beneficio, provecho o ventaja para sí o para alguna de las personas a que se refieren la fracción XVII;

XXII. Proporcionar apoyo, financiamiento o prestar algún servicio a los partidos políticos o a sus candidatos durante el proceso electoral, por sí o a través de sus subordinados de manera ilegal; y

XXIII. Las demás que le impongan las leyes, reglamentos y otras disposiciones normativas.

Art. 8º Se incurre en responsabilidad al incumplir cualquiera de las obligaciones o incurrir en las prohibiciones a que se refiere esta Ley, dando lugar a la instauración del procedimiento que corresponda ante el órgano competente, y a la aplicación de sanciones que consigna este Ordenamiento.

Cuando con los actos u omisiones de los servidores públicos, se genere más de una conducta ilícita o de responsabilidad civil, los procedimientos respectivos se desarrollarán según su naturaleza y en la vía procesal correspondiente, sin que sean excluyentes uno de otro.

Art. 9º Los escritos mediante los cuales se realicen denuncias en contra de algún servidor público, deberán presentarse ante la autoridad competente; en caso que se presenten ante una instancia distinta, la autoridad que la recepcione, tiene la obligación de hacerle saber al denunciante cuál es el vía competente para que dirija su petición.

Art. 10. Las causales de improcedencia de juicio político, declaratoria de procedencia y responsabilidad administrativa, serán examinadas de oficio por parte de la Comisión de Examen Previo, con la aprobación del Pleno de la Legislatura.

Capítulo II
Acciones preventivas para el adecuado
ejercicio del servicio público

Art. 11. Para asegurar el cumplimiento de los principios y obligaciones que la Ley impone a los servidores públicos, será responsabilidad de las dependencias y entidades, considerando las funciones que a cada una de ellas les corresponden.

Art. 12. De conformidad al artículo anterior, las dependencias y entidades realizarán un diagnóstico previo al establecer acciones permanentes para delimitar las conductas que en situaciones específicas deberán observar los servidores públicos en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones.

Capítulo III
Tipos de procedimientos

Art. 13. Serán competentes para instaurar en contra de servidores públicos, según corresponda, alguno de los siguientes procedimientos:

I. Juicio político, se sustanciará por conducto de la Legislatura;

II. Declaración de procedencia, se sustanciará por conducto de la Legislatura;

III. Responsabilidad administrativa, en contra de diputados, y servidores públicos de la Legislatura; presidentes, síndicos y regidores municipales, el cual se sustanciará por conducto de la Legislatura;

IV. Responsabilidad administrativa, en contra de los servidores públicos que desempeñen un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza, al servicio de la Administración Pública Centralizada y paraestatal; de la administración municipal centralizada y paramunicipal; el cual se sustanciará por conducto de la Contraloría Estatal o municipal que corresponda;

V. Responsabilidad administrativa, en contra de los servidores públicos que desempeñen un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza, al servicio del Poder Judicial; y

VI. Responsabilidad administrativa, en contra de los servidores públicos que desempeñen un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza, al servicio de los organismos públicos autónomos.

Capítulo IV
Notificaciones

Art. 14. Las notificaciones derivadas de los procedimientos establecidos en la presente Ley, se realizarán por escrito, y se entregarán:

I. Personalmente al denunciado, o vía oficio cuando se realicen a autoridades: cuando se notifique la resolución que inicie o ponga fin al procedimiento de responsabilidad administrativa, o se trate de asuntos relacionados con juicio político o declaración de procedencia, así como el requerimiento de un acto a quien deba cumplirlo;

II. Por correo con acuse de recibo;

III. Por cédula que se fijará en estrados; o

IV. Por edictos.

Art. 15. Las notificaciones personales se harán en el domicilio del servidor público, en su lugar de trabajo actual o en el último domicilio que haya señalado.

El notificador, deberá cerciorarse del domicilio del interesado, identificándose en el acto con la constancia o credencial expedida por autoridad competente, en las que se contenga su fotografía; y deberá entregar junto con la copia del citatorio o documento en el que conste el acto que se notifique, una copia del acta que se levante en el momento de la diligencia y en la que se haga constar en forma circunstanciada los hechos, además de señalar la fecha y hora en que la notificación se efectúe, recabando el nombre y la firma de la persona con quien se entienda la diligencia; de negarse a firmar, se hará constar en el acta de notificación, sin que ello afecte su validez.

Las notificaciones personales, se entenderán con la persona que deba ser notificada; a falta de ello, quien notifique dejará citatorio con cualquier persona que se encuentre en el domicilio, para que el interesado espere a una hora fija del día hábil siguiente. Si el domicilio se encontrare cerrado, se deberá fijar una copia en la puerta o lugar visible del domicilio, haciéndose constar lo anterior en acta circunstanciada, la que obrará en el expediente.

Si la persona a quien haya de notificarse no atendiere el citatorio, la notificación se entenderá con cualquier persona con capacidad de ejercicio que se encuentre en el domicilio en que se realice diligencia y, de negarse ésta a recibirla, o en caso de encontrarse cerrado el domicilio, se realizará por cédula que se fijará un lugar visible del domicilio. De estas diligencias, quien realice la notificación asentará por escrito, debidamente circunstanciado el acto.

Las notificaciones personales surtirán sus efectos el día siguiente en que hubieren sido realizadas.

Art. 16. Se tendrá como fecha de notificación por correo, la que conste en el acuse de recibo postal, surtiendo efectos el día siguiente.

Art. 17. La notificación podrá realizarse mediante cédula que se fijará en estrados o por edictos, en caso de que no se tenga el domicilio del servidor público.

La notificación mediante cédula se hará publicando el requerimiento, acuerdo o resolución durante cinco días hábiles consecutivos en los estrados de las oficinas donde se sustancie el procedimiento.

La notificación por edictos se hará publicando el requerimiento, acuerdo o resolución, por tres veces consecutivas, en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado, y en uno de los periódicos de mayor circulación en la Entidad.

TÍTULO SEGUNDO
Procedimiento de juicio político y declaración de procedencia

Capítulo I
Disposiciones generales para el procedimiento de juicio político y declaración de procedencia

Art. 18. Son inatacables las declaraciones y resoluciones que emita la Legislatura o el Tribunal Superior de Justicia del Estado en los procedimientos de juicio político y declaración de procedencia.

Art. 19. En ningún caso la Legislatura podrá dispensar un trámite de los establecidos en los procedimientos de juicio político y declaración de procedencia.

Art. 20. En los casos que alguna de las comisiones de la Legislatura deba realizar alguna diligencia con presencia del indiciado o inculpado, se emplazará a éste para que comparezca o conteste por escrito a los requerimientos que se le hagan; si el inculpado se abstiene de comparecer o de informar por escrito, se entenderá que contesta en sentido negativo.

Todas las notificaciones que deban girarse para la práctica de las diligencias a que se refiere el presente artículo, se entregarán personalmente o se enviarán por correo con acuse de recibo.

Art. 21. Los diputados integrantes de las comisiones o del Pleno que vayan a intervenir en algún acto del procedimiento, deberán excusarse o ser recusados por alguna de las causas de impedimentos que señala la fracción XVII del artículo 7º de la presente Ley.

Únicamente con expresión de causa podrá el inculpado recusar a diputados que conozcan de la imputación presentada en su contra y que participen en el procedimiento.

El propio servidor público sólo podrá hacer valer la recusación dentro de los diez días hábiles siguientes, contados a partir de que se le notifique el inicio del procedimiento de declaración de procedencia, o bien, cuando se le requiera el informe circunstanciado en los casos de juicio político.

Art. 22. Presentada la excusa o la recusación, se calificará dentro de los tres días hábiles siguientes en un incidente que se sustanciará ante la Comisión Instructora o Comisión de Examen Previo.

En el incidente se escucharán al promovente y al recusado y se recibirán las pruebas correspondientes.

En los casos que sean procedentes la excusa o recusación, la Comisión Instructora o Comisión de Examen Previo, designarán al diputado que lo sustituya.

Las Comisiones de Puntos Constitucionales y Jurisdiccional, calificarán en los demás casos de excusa o recusación.

Art. 23. El servidor público y el denunciante o querellante podrán solicitar de las oficinas o establecimientos públicos las copias certificadas de documentos que pretendan ofrecer como prueba ante la Comisión Instructora o Comisión de Examen Previo.

Las autoridades estarán obligadas a expedir dichas copias certificadas, sin demora, y si no lo hicieren, la Comisión Instructora o Comisión de Examen Previo, a instancia de interesado, señalarán a la autoridad omisa un plazo razonable para que las expida, bajo apercibimiento de imponerle una multa, que se hará efectiva si la autoridad no las expide. Si resulta falso que el interesado hubiera solicitado las constancias, la multa se hará efectiva en su contra.

Por su parte, la Comisión Instructora o Comisión de Examen Previo, solicitarán las copias certificadas de constancias que estimen necesarias para el procedimiento, y si la autoridad no las remite dentro del plazo que se le señale, se impondrá la multa a que se refiere el párrafo anterior.

Art. 24. La Comisión Instructora o Comisión de Examen Previo podrán solicitar, por sí o a instancia de los interesados, los documentos o expedientes debidamente certificados ya concluidos, y la autoridad de quien se soliciten tendrá la obligación de remitirlos. En caso de incumplimiento, se aplicará la multa dispuesta en el artículo anterior.

Dictada la resolución definitiva en el procedimiento, los documentos y expedientes mencionados deberán ser devueltos a la oficina de su procedencia, dejando copia certificada en las constancias de la Legislatura.

Art. 25. No podrán votar en ningún caso los diputados que hubiesen presentado la imputación contra el servidor público.

Art. 26. En las discusiones y votaciones se observarán, en lo aplicable, las reglas comunes sobre discusiones y votaciones previstas en la Ley Orgánica del Poder Legislativo y su Reglamento General. En todo caso, las votaciones deberán ser nominales, para formular, aprobar o no aprobar las conclusiones o dictámenes de la Comisión Instructora o Comisión de Examen Previo.

Art. 27. En el juicio político y declaración de procedencia al que se refiere esta Ley, las declaraciones y resoluciones de la Legislatura se tomarán en sesión pública.

Art. 28. Cuando en el curso del procedimiento a un servidor público de los mencionados en los artículos 148 y 151 de la Constitución Política del Estado, se presentare nueva denuncia en su contra, se procederá respecto de ella con arreglo a esta Ley, hasta agotar la instrucción de los diversos procedimientos, procurando, de ser posible, la acumulación procesal.

Si la acumulación fuese procedente, la Comisión Instructora o Comisión de Examen Previo, formularán en un solo documento sus conclusiones, que comprenderán el resultado de los diversos procedimientos.

Art. 29. Las declaraciones o resoluciones aprobadas por la Legislatura, se comunicarán a la autoridad que corresponda e invariablemente al Ejecutivo para su conocimiento y efectos legales, así como para su publicación en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado.

Capítulo II
Procedimiento de juicio político

Art. 30. El juicio político sólo procede en contra de los servidores públicos señalados en los artículos 148 y 151 de la Constitución Política del Estado, que en el desempeño de sus funciones incurran en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho.

Art. 31. Redundan en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho, y por tanto, son causales de juicio político:

I. El ataque sistemático a la forma de gobierno republicano, representativo y democrático del Estado, o bien, a la organización política y administrativa de los municipios, y otras instituciones democráticas;

II. Las violaciones graves y sistemáticas a los derechos humanos, a las garantías individuales o sociales;

III. El ataque a la libertad del sufragio y otras violaciones graves a las leyes electorales;

IV. La usurpación o el ejercicio indebido y reiterado, de atribuciones;

V. El incumplimiento reiterado a las obligaciones del servidor público, siempre que causen perjuicio grave a los gobernados;

VI. Las violaciones graves y reiteradas, por actos u omisiones a la Constitución Política del Estado, leyes o reglamentos;

VII. El incumplimiento a las resoluciones y acuerdos emitidos por la Legislatura en el ejercicio de sus atribuciones;

VIII. Las omisiones de carácter grave, en los términos de la fracción anterior;

IX. Los hechos u omisiones reiteradas y graves del servidor público, que conduzcan a la ingobernabilidad del municipio. Para efectos de esta Ley existe ingobernabilidad cuando en forma reiterada el ayuntamiento deja de sesionar con la periodicidad que deba hacerlo, o cuando prevalezca una situación generalizada de paralización de los servicios públicos municipales;

X. El incumplimiento reiterado a la obligación que tienen los ayuntamientos de publicar oportunamente en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado, el Plan Trianual de Desarrollo, los planes y programas operativos, el Presupuesto de Egresos, el Bando de Policía y Buen Gobierno y demás reglamentación;

XI. Las violaciones sistemáticas y graves a los planes y programas de gobierno, a los presupuestos de la Administración Pública Estatal y municipal, así como a las leyes que determinen el manejo de sus recursos humanos, materiales y financieros;

XII. Las violaciones sistemáticas o graves a las leyes que determinan el manejo de los recursos económicos federales, Estatales o municipales; y

XIII. Los demás casos que establezcan las leyes.

La Legislatura valorará la existencia y gravedad de los actos u omisiones a que se refiere este artículo.

Art. 32. El procedimiento de juicio político inicia con la solicitud o denuncia, la cual debe ser formulada por cualquier ciudadano, bajo su más estricta responsabilidad. El escrito respectivo, deberá dirigirse y presentarse en días y horas hábiles en la oficialía de partes de la Legislatura.

Art. 33. La solicitud de denuncia de juicio político deberá señalar:

I. Nombre y domicilio del o los promoventes. Si éstos son dos o más, designarán represente común, y un domicilio para oír y recibir notificaciones en la zona conurbada Zacatecas-Guadalupe. Si no se hacen tales señalamientos, se tendrá como representante común a quien encabece la lista de los solicitantes o denunciantes y las notificaciones se harán mediante cédula que se fijará en estrados;

II. Nombre y cargo del servidor público contra quien se presenta la solicitud o denuncia;

III. Las normas generales que se estimen violadas;

IV. La narración de los hechos u omisiones que le consten al promovente y que constituyan los antecedentes de la solicitud o denuncia;

V. Las pruebas en que se sustente la solicitud o denuncia; en caso de que el denunciante no pudiera aportar dichas pruebas por encontrarse éstas en posesión de una autoridad, deberá de manifestarlo en el mismo escrito, para que en su caso, la Comisión de Examen Previo, proceda a requerirlas a las instancias competentes; y

VI. Firma autógrafa de quien promueva;

Cuando el escrito se presente por una persona moral, deberá estar suscrita por quien en términos de la legislación civil, la represente. En tal caso, se acompañará copia certificada del documento que acredite la legal existencia de la persona jurídica colectiva, y la personería de quien firme el escrito.

Art. 34. La solicitud o denuncia deberá ratificarse ante el presidente de la Mesa Directiva de la Legislatura, mediante comparecencia personal de quien promueva, dentro de los tres días hábiles siguientes a su presentación. Quien comparezca a ratificar deberá identificarse con credencial de elector o pasaporte y se levantará acta debidamente circunstanciada en la que se hagan constar los nombres y datos que permitan identificar a los comparecientes y los hechos y diligencias que se lleven a cabo. Dicha acta deberá glosarse al expediente que al efecto se integre.

Las denuncias anónimas no producirán ningún efecto.

Art. 35. Recibida la solicitud o denuncia, se procederá a dar lectura ante el Pleno de la Legislatura o Comisión Permanente, durante la sesión respectiva, misma que se turnará a las Comisiones de Puntos Constitucionales y Jurisdiccional para que en su carácter de Comisión de Examen Previo, conozca el asunto y determinen lo procedente.

Art. 36. La Comisión de Examen Previo deberá reunirse dentro de los siguientes diez días hábiles para revisar si la solicitud o denuncia se encuentra ajustada a derecho. En caso de que no reúna los requisitos señalados en esta Ley, se desechará de plano, informando sobre el particular al Pleno de la Legislatura y notificando al promovente.

La denuncia o solicitud presentada en contra del mismo servidor público y por los mismos hechos, no podrá volver a presentarse, sino hasta transcurridos seis meses, contados a partir de la presentación de la primera denuncia o solicitud.

Son inatacables los acuerdos de la Comisión de Examen Previo que desechen solicitudes o denuncias.

Art. 37. La Comisión de Examen Previo, con la aprobación del Pleno, podrán variar la vía y sus consecuencias. Una solicitud de juicio político puede concluir en el fincamiento de responsabilidades administrativas. Así mismo una denuncia por responsabilidad administrativa, podrá conducir a juicio político.

La variación de la vía dependerá de la naturaleza de los hechos denunciados y probados, así como de la actualización de las causales, ya sea de juicio político o de responsabilidad administrativa.

Art. 38. La Comisión de Examen Previo deberá valorar en su dictamen si la denuncia o solicitud reúne los requisitos:

I. Si la persona a quien se impute la responsabilidad está comprendida entre los servidores públicos a que se refieren los artículos 148 y 151 de la Constitución Política del Estado;

II. Si la solicitud o denuncia es jurídicamente sustentable y por ello procedente; y

III. Si amerita o no la incoación del procedimiento.

Art. 39. Si la denuncia o solicitud reúne los requisitos de ley, la Comisión de Examen Previo procederá a integrar el expediente, para lo cual estará a lo siguiente:

I. Se oirá en defensa al servidor público denunciado, para este efecto se le remitirán copias por escrito de la denuncia o solicitud, otorgándole un plazo de diez días hábiles, a partir de la notificación, para que rinda un informe circunstanciado por escrito, en el cual expresará lo que a sus intereses convenga;

II. En las diligencias la Comisión de Examen Previo podrá desahogar comparecencias, recabar informes y documentos relacionados con el asunto de que se trate; y

III. Dentro de un plazo que no excederá de treinta días hábiles, contados a partir de que se reciba el informe del servidor público, o de que hubiere transcurrido el término para tal efecto, la Comisión de Examen Previo someterá a la consideración del Pleno el dictamen respectivo.

En los recesos del Pleno, el plazo a que se refiere esta fracción se interrumpirá, para reanudarse en el siguiente periodo ordinario.

Art. 40. El dictamen de la Comisión de Examen Previo podrá emitirse en cualquiera de los siguientes sentidos:

I. Procede instaurar juicio político;

II. No procede instaurar juicio político; o

III. No procede instaurar juicio político, pero sí fincar responsabilidades administrativas.

Art. 41. El dictamen que emita la Comisión de Examen Previo, será sometido a la consideración del Pleno de la Legislatura, con las formalidades del procedimiento legislativo ordinario para su discusión y votación previstas en la Ley Orgánica del Poder Legislativo y su Reglamento General.

Art. 42. En caso de que la Legislatura apruebe la instauración de juicio político, la Comisión Instructora señalará día y hora para la celebración de una audiencia de ofrecimiento, admisión y desahogo de pruebas y alegatos, que deberá verificarse con citación de las partes dentro de los treinta días hábiles siguientes.

Art. 43. La audiencia se celebrará con o sin la asistencia de las partes o de sus representantes legales. Abierta la audiencia se procederá a recibir por su orden las pruebas y alegatos por escrito de las partes.

Art. 44. Se admitirán toda clase de pruebas, excepto la confesional, la testimonial, los careos y todas aquellas que sean contrarias a derecho.

La Comisión Instructora desechará de plano aquellas pruebas que no tengan relación con la causa.

Art. 45. Dentro de los treinta días hábiles siguientes al de la audiencia, la Comisión Instructora, deberá presentar el dictamen al Pleno, mismo que contendrá las conclusiones en vista de las constancias del procedimiento, para lo cual analizará la conducta y los hechos imputados y hará las consideraciones jurídicas procedentes, para justificar en su caso, la conclusión o la continuación del procedimiento.

Art. 46. Si de las constancias del procedimiento se desprende la inocencia del indiciado, las conclusiones de la Comisión Instructora, terminarán proponiendo que se declare que no ha lugar proceder en su contra, por la conducta o el hecho materia de la denuncia, que dio origen al procedimiento.

Si de las constancias se desprende la responsabilidad del servidor público, las conclusiones terminarán proponiendo la aprobación de lo siguiente:

I. Que está legalmente comprobada la conducta o el hecho materia de la denuncia;

II. Que se encuentra acreditada la responsabilidad del iniciado; y

III. La sanción que deba imponerse de conformidad con esta Ley.

Art. 47. En sesión posterior a aquélla en que se presentó el dictamen y, en su caso, los votos particulares, previa declaratoria del presidente, la Legislatura se erigirá en Jurado de Instrucción y se procederá a discutir y votar el asunto, aplicando en lo que corresponda, las reglas comunes sobre discusiones y votaciones previstas en la Ley Orgánica del Poder Legislativo y su Reglamento General.

Art. 48. Si la resolución es condenatoria, el Jurado de Instrucción sancionará al servidor público con destitución o inhabilitación para ejercer empleo, cargo o comisión y remitirá el expediente al Tribunal Superior de Justicia del Estado, para que en su carácter de Jurado de Sentencia, determine el tiempo de duración.

Si el Jurado de Instrucción absuelve al servidor público, éste continuará en el desempeño de su empleo, cargo o comisión y no podrá ser acusado por los mismos hechos durante el periodo de su ejercicio.

Art. 49. Es improcedente el juicio político cuando:

I. El escrito de solicitud o denuncia no reúna todos y cada uno de los requisitos previstos en esta Ley;

II. El servidor público denunciado no sea sujeto de ser sometido a juicio político, en los términos que dispone la Constitución Política del Estado;

III. Los actos u omisiones del servidor no redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho, y en consecuencia no se actualice ninguna de las causales previstas en esta Ley;

IV. Al transcurso de la instancia, el servidor público denunciado, corrija los actos u omisiones que se le imputan, siempre y cuando la naturaleza de éstos lo admita, y no se hayan producido daños y perjuicios irreparables;

V. Por la mera expresión de las ideas;

VI. Haya operado la prescripción; y

VII. En los demás casos que disponga la Constitución Política del Estado o leyes diversas.

Art. 50. El juicio político concluye por:

I. Resolución del Pleno de la Legislatura en los términos del artículo 38 de esta Ley;

II. Muerte del servidor público;

III. Orden de la autoridad judicial competente;

IV. Prescripción; y

V. Caducidad de la instancia, cuando habiendo transcurrido tres años, no haya actuación alguna que impulse el procedimiento, y operará a petición de parte.

Art. 51. Las sanciones aplicables a los servidores públicos señalados en los artículos 148 y 151 de la Constitución Política del Estado, mediante juicio político son:

I. Destitución para desempeñar funciones, empleo, cargo o comisión; y

II. Inhabilitación de uno a veinte años para desempeñar funciones, empleo, cargo o comisión.

Capítulo III
Procedimiento de declaración de procedencia

Art. 52. La declaración de procedencia sólo se instaurará en contra de los servidores públicos a que se refieren los artículos 148 y 151 de la Constitución Política del Estado, que presuntamente hubieren incurrido en la comisión de un delito.

Sólo la Legislatura es la autoridad competente para emitir resoluciones o acuerdos sobre declaración de procedencia para instaurar proceso penal correspondiente, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 153 de la propia Constitución Política del Estado.

Art. 53. Son requisitos de procedibilidad para la declaración de procedencia:

I. Pedimento fundado y motivado del Procurador General de Justicia del Estado, mediante la cual se solicite expresamente la declaración de procedencia, una vez cumplidos los requisitos procedimentales respectivos para el ejercicio de la acción penal, a fin de que pueda procederse en contra del servidor público;

II. Al pedimento de referencia se anexen copias certificadas de las constancias que acrediten el cuerpo del delito y la probable responsabilidad; y

III. El servidor público inculpado haya tenido la oportunidad de rendir su declaración ante el Ministerio Público, respecto de los hechos que se le imputan.

Cuando sea el Procurador General de Justicia del Estado a quien se pretenda sujetar a proceso penal, el Gobernador del Estado será quien haga la solicitud.

Art. 54. El pedimento del Procurador General de Justicia del Estado, será presentado ante la Legislatura, en días y horas hábiles en la oficialía de partes de la Legislatura, mismo que será leído en sesión del Pleno o de la Comisión Permanente y turnado a la Comisión Jurisdiccional.

Al día siguiente de la sesión, el Presidente de la Mesa Directiva, notificará al servidor público el inicio del procedimiento de declaración de procedencia, para el único efecto de la recusación en los casos que proceda.

Art. 55. La Comisión Jurisdiccional deberá reunirse dentro de los siguientes diez días hábiles para revisar si el pedimento se encuentra ajustado a derecho.

La Comisión Jurisdiccional se avocará al examen y valoración del pedimento y sus anexos; asimismo practicará todas las diligencias conducentes a establecer la comisión del delito y la probable responsabilidad del inculpado, así como la subsistencia del fuero constitucional cuya remoción se solicita.

Art. 56. Concluida la averiguación señalada en el artículo anterior, la Comisión Jurisdiccional dentro del plazo que no excederá de quince días hábiles, contados a partir de concluidas las diligencias, presentará en sesión del Pleno el dictamen correspondiente, y en su caso, el voto particular.

Art. 57. El dictamen de la Comisión Jurisdiccional podrá emitirse en cualquiera de los siguientes sentidos:

I. Ha lugar a proceder contra el inculpado, y en consecuencia, el servidor público quedará separado de su empleo, cargo o comisión y sujeto a la jurisdicción de los tribunales competentes; o

II. No ha lugar a proceder contra el inculpado, y por lo tanto, deberá suspenderse el procedimiento por parte del Ministerio Público, sin que ello sea obstáculo para que la imputación por la comisión del delito continúe su curso cuando el servidor público haya concluido el desempeño de su empleo, cargo o comisión; puesto que la resolución no prejuzga sobre los fundamentos de la imputación.

Art. 58. En sesión posterior a aquélla en que se presente el dictamen y, en su caso, el voto particular, la Legislatura previa declaratoria del presidente, quedará erigida en Jurado de Instrucción y resolverá conforme al artículo anterior, aplicando en lo que corresponda, las reglas comunes sobre discusiones y votaciones previstas en la Ley Orgánica y su Reglamento General.

Art. 59. Se denegará la declaración de procedencia cuando:

I. La solicitud no la formule el Procurador General de Justicia del Estado;

II. El pedimento que contenga la solicitud no esté fundado y motivado;

III. Al pedimento no se acompañen copias certificadas de las constancias que acrediten el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del servidor público;

IV. El servidor público indiciado, no haya tenido la oportunidad de rendir declaración ante el Ministerio Público, respecto de los hechos que se le imputen;

V. En el trámite de la instancia fallezca el servidor público inculpado;

VI. Así lo ordene la autoridad judicial competente; o

VII. En los demás casos que disponga la Constitución Política del Estado o leyes diversas.

Art. 60. La declaratoria de procedencia concluye por:

I. Resolución del Pleno de la Legislatura en los términos del artículo 55 de esta Ley;

II. Desistimiento del Procurador General de Justicia;

III. Muerte del servidor público;

IV. Orden de la autoridad judicial competente;

V. Prescripción del delito; o

VI. Caducidad de la instancia, cuando habiendo transcurrido tres años, no haya actuación alguna que impulse el procedimiento, y operará a petición de parte.

Art. 61. En todas las cuestiones relativas al procedimiento de declaración de procedencia, no previstas en esta Ley, así como en la apreciación de las pruebas, se observarán las disposiciones del Código Procesal Penal. Asimismo, se atenderán, en lo conducente, las del Código Penal.

TÍTULO TERCERO
Procedimiento de responsabilidades administrativas

Capítulo I
Reglas comunes del procedimiento de responsabilidades administrativas

Art. 62. Incurre en responsabilidad administrativa el servidor público por los actos u omisiones que afecten los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia y eficacia que deban observar en el desempeño de sus funciones, empleos, cargos o comisiones.

Asimismo por violaciones a otras leyes y disposiciones jurídicas vigentes.

Art. 63. El servidor público que deje de desempeñar su empleo, cargo o comisión deberá observar, hasta un año después de haber concluido sus funciones, lo siguiente:

I. En ningún caso aprovechará su influencia u obtendrá alguna ventaja derivada de la función que desempeñaba, para sí o para las personas a que se refiere la fracción XVII del artículo 7º;

II. No usar en provecho propio o de terceros, la información o documentación a la que haya tenido acceso en su empleo, cargo o comisión y que no sea del dominio público; y

III. Los servidores públicos que se hayan desempeñado como consejeros o en cargos directivos del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas; así como los Magistrados del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas, deberán abstenerse de participar en cualquier encargo público de la administración Estatal o municipal encabezada por quien haya ganado la elección que ellos organizaron o calificaron.

Art. 64. El procedimiento de responsabilidades administrativas inicia con una solicitud o denuncia, la cual podrá ser formulada por cualquier ciudadano, bajo su más estricta responsabilidad. Deberá dirigirse y presentarse ante la autoridad competente y deberá contener datos o indicios que permitan advertir la probable responsabilidad del servidor público.

Asimismo podrá iniciarse el procedimiento de responsabilidad administrativa, cuando de los resultados de las investigaciones o auditorías practicadas por las autoridades legalmente facultadas para ello, deriven irregularidades u observaciones imputables a un servidor público.

Las auditorías gubernamentales y de fiscalización de la administración pública que sean practicadas por las autoridades competentes, a fin de comprobar el cumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos, se desarrollarán de conformidad con las siguientes etapas:

I. La autoridad facultada en términos de este Ordenamiento, emitirá la orden de auditoría correspondiente, debiendo indicar en ella el lugar o lugares donde deba tener verificativo la diligencia; el nombre de la persona o personas que deban efectuar la auditoría, quienes podrán ser sustituidas, aumentadas o reducidas en su número en cualquier tiempo por la autoridad que ordene la revisión. La orden de auditoría será notificada de manera personal en el área donde se llevarán a cabo los trabajos;

II. En el acto de notificación a que hace referencia la fracción anterior, se levantará el acta de inicio, haciendo constar en ella la documentación que será requerida para cumplir con el objeto de la diligencia y la cual deberá ser proporcionada por el ente o la persona a quien se vaya a auditar, en el término que al efecto fije la autoridad;

III. De toda visita o diligencia que se practique con motivo de la auditoría, se levantará acta en la que se asienten los hechos u omisiones en forma circunstanciada;

IV. En la última acta parcial que al efecto se levante, se hará mención de tal circunstancia y entre ésta y el acta final deberán transcurrir veinte días hábiles durante los cuales el ente auditado, podrá presentar los documentos, libros o registros que desvirtúen los hechos u omisiones que hayan sido detectadas;

V. En el acta final se asentarán, entre otras cosas, el estado que guarda cada una de las observaciones dadas a conocer en el acta última parcial, el que podrá ser de solventación total, parcial, o de no solventación; y

VI. Las consecuencias que al amparo de la presente Ley se deriven de las observaciones no solventadas o solventadas parcialmente se harán constar en el dictamen de auditoría.

Art. 65. El escrito de solicitud o denuncia contendrá mínimamente lo siguiente:

I. Nombre y domicilio del o los promoventes. Si éstos son dos o más, designarán representante común, y domicilio para oír y recibir notificaciones en la zona conurbada Zacatecas-Guadalupe. Si no se hacen tales señalamientos, se tendrá como representante común a quien encabece la lista de los solicitantes o denunciantes y las notificaciones se harán por estrados;

II. Nombre y cargo del servidor público contra quien se presenta la solicitud o denuncia;

III. Las normas generales que se estimen violadas;

IV. La narración de los hechos u omisiones que le consten al promovente y que constituyan los antecedentes de la solicitud o denuncia;

V. Las pruebas en que se sustente la solicitud o denuncia; en caso de que el denunciante no pudiera aportar dichas pruebas por encontrarse éstas en posesión de una autoridad, deberá de manifestarlo en el mismo escrito, para que en su caso, la autoridad que sustancie el procedimiento, proceda a requerirlas a las instancias competentes; y

VI. Firma autógrafa de quien promueva.

Cuando el escrito se presente por una persona moral, deberá estar suscrita por quien en términos de la legislación civil, la represente. En tal caso, se acompañará copia certificada del documento que acredite la legal existencia de la persona jurídica colectiva, y la personería de quien firme el escrito.

Las denuncias anónimas no producirán ningún efecto.

Art. 66. La solicitud o denuncia deberá ratificarse ante la autoridad que sustancie el procedimiento, mediante comparecencia personal de quien promueva, dentro de los tres días hábiles siguientes a su presentación. Quien comparezca a ratificar deberá identificarse con su credencial de elector o pasaporte y se levantará acta debidamente circunstanciada en la que se hagan constar los nombres y datos que permitan identificar a los comparecientes y los hechos y diligencias que se lleven a cabo. Dicha acta deberá glosarse al expediente que al efecto se integre.

Art. 67. La autoridad competente para sustanciar el procedimiento, deberá revisar dentro de los siguientes diez días hábiles, si la solicitud o denuncia se encuentra apegada a derecho. En los casos que no reúnan los requisitos señalados en esta Ley, se desechará de plano, informando sobre el particular al promovente.

Art. 68. La autoridad competente para sustanciar el procedimiento de responsabilidades administrativas, deberá valorar si la denuncia o solicitud reúne los requisitos siguientes:

I. Si la persona a quien se impute la responsabilidad está comprendida entre los servidores públicos a que se refieren los artículos 148 y 151 de la Constitución Política del Estado;

II. Si la solicitud o denuncia es jurídicamente sustentable y por ello procedente; y

III. Si amerita o no la incoación del procedimiento.

Art. 69. Si la denuncia o solicitud reúne los requisitos de ley, la autoridad competente, procederá a integrar el expediente y se sujetará al siguiente procedimiento:

I. Se emplazará al servidor público denunciado remitiéndole copia del escrito de solicitud o denuncia, para que en un plazo de diez días hábiles, a partir de la notificación, rinda informe circunstanciado por escrito, expresando lo que a su interés convenga;

II. Una vez recibida la contestación de la solicitud o denuncia, dentro de los siguientes treinta días hábiles, se señalará lugar, día y hora para la audiencia de ofrecimiento, admisión y desahogo de pruebas y alegatos, que deberá verificarse con citación de las partes;

III. La audiencia se celebrará con o sin la asistencia de las partes o de sus representantes legales. Abierta la audiencia se procederá a recibir pruebas y los alegatos por escrito.

En caso de no comparecer sin causa justificada, se tendrá por precluido su derecho para ofrecer pruebas o formular alegatos.

Se admitirán toda clase de pruebas, excepto la confesional, la testimonial, los careos y todas aquellas que sean contrarias a derecho.

La audiencia podrá diferirse si no se han desahogado las pruebas correspondientes o por causa justificada; y

IV. Desahogadas las pruebas si las hubiere y expresados los alegatos, la autoridad competente, resolverá fundada y motivadamente dentro de los treinta días hábiles siguientes, sobre la existencia o inexistencia de responsabilidad e impondrá al infractor, las sanciones administrativas correspondientes y le notificará la resolución en un plazo no mayor a diez días hábiles. Dicha resolución, en su caso, se notificará para los efectos de su ejecución al titular de la dependencia o entidad, según corresponda, en un plazo no mayor de diez días hábiles.

Art. 70. Durante la sustanciación del procedimiento la autoridad competente, podrá practicar todas las diligencias tendientes a investigar la probable responsabilidad del servidor público denunciado, así como realizar comparecencias o requerir a éste y a las dependencias o entidades involucradas la información y documentación que se relacione con la probable responsabilidad, estando obligadas éstas a proporcionarlas de manera oportuna.

Si las autoridades encontraran que no cuentan con elementos suficientes para resolver o advirtieran datos o información que impliquen nueva responsabilidad administrativa a cargo del presunto responsable o de otros servidores públicos, podrán disponer la práctica de otras diligencias o citar para otra u otras audiencias.

Art. 71. Se levantará acta circunstanciada de todas las diligencias que se practiquen, teniendo la obligación de suscribirla quienes intervengan en ella, si se negaren a hacerlo se asentará dicha circunstancia en el acta. Asimismo, se les apercibirá de las penas en que incurren quienes falten a la verdad.

Art. 72. El titular de la dependencia o entidad donde se realizó el incumplimiento de las obligaciones del servidor público, podrá designar un representante que presencie la sustanciación del procedimiento de responsabilidades administrativas.

Se dará vista de todas las actuaciones a la correspondiente dependencia o entidad, cuando ésta lo solicite.

Las resoluciones y acuerdos que se emitan durante el procedimiento a que se refiere esta sección constarán por escrito.

Art. 73. Es improcedente que la Legislatura o el órgano de control interno de que se trate, finque responsabilidades administrativas, cuando:

I. El escrito de solicitud o denuncia no reúna todos y cada uno de los requisitos previstos en esta Ley;

II. La conducta atribuida al servidor público no se actualice ninguna de las causales previstas en esta Ley;

III. En el trámite de la instancia fallezca el servidor público denunciado;

IV. Así lo ordene la autoridad judicial competente;

V. El servidor público denunciado, al transcurso de la instancia, corrija los actos u omisiones que se le imputan, siempre y cuando la naturaleza de éstos lo admita, y no se hayan producido daños y perjuicios irreparables;

VI. Haya operado la prescripción; y

VII. En los demás casos que disponga la Constitución Política del Estado o leyes diversas.

Art. 74. Previa o posteriormente al citatorio al presunto responsable, la autoridad que sustancie el procedimiento, podrá determinar la suspensión temporal de su empleo, cargo o comisión, si a su juicio así conviene para la conducción o continuación de las investigaciones. La suspensión temporal no prejuzga sobre la responsabilidad que se le impute, así se hará constar expresamente en el aviso de suspensión correspondiente.

La suspensión temporal a que se refiere el párrafo anterior suspenderá los efectos del acto que haya dado origen a la ocupación del empleo, cargo o comisión, y regirá desde el momento en que sea notificada al interesado.

La suspensión cesará cuando así lo resuelva autoridad que sustancie el procedimiento, independientemente de la iniciación o continuación del procedimiento a que se refiere el presente artículo en relación con la probable responsabilidad del servidor público. En todos los casos, la suspensión cesará cuando se dicte la resolución en el procedimiento correspondiente.

En el supuesto de que el servidor público suspendido temporalmente no resultare responsable de los hechos que se le imputan, la dependencia o entidad donde preste sus servicios lo restituirán en el goce de sus derechos y le cubrirán las percepciones que debió recibir durante el tiempo en que se halló suspendido.

En caso de que la autoridad que sustancie el procedimiento, por cualquier medio masivo de comunicación, difundiera la suspensión del servidor público, y si la resolución definitiva del procedimiento fuere de no responsabilidad, esta circunstancia deberá hacerse pública a través de los mismos medios de comunicación.

Capítulo II
Procedimiento de responsabilidades administrativas
a cargo de la Legislatura

Art. 75. Tratándose del fincamiento de responsabilidades administrativas no se requerirá que la Legislatura se erija en Jurado de Instrucción. Tampoco la comisión dictaminadora se erigirá en Comisión Instructora.

Art. 76. La Legislatura del Estado, por conducto de la Comisión Jurisdiccional, conocerá y dictaminará los procedimientos para el fincamiento de responsabilidades administrativas, que se inicien en contra de los diputados y servidores públicos de la Legislatura, presidentes, síndicos y regidores municipales, de conformidad a las reglas comunes previstas en el capítulo anterior y a lo dispuesto en el presente capítulo.

Art. 77. La solicitud o denuncia deberá presentarse por escrito en términos de lo dispuesto por el artículo 62 de la presente Ley y deberá presentarse ante la oficialía de partes de la Legislatura, en días y horas hábiles.

Art. 78. La solicitud o denuncia deberá ratificarse dentro de los tres días hábiles siguientes a su presentación, ante el presidente de la Mesa Directiva, mediante comparecencia personal en los términos del artículo 63 de la presente Ley.

Art. 79. Recibida la solicitud o denuncia, se procederá a dar lectura ante el Pleno de la Legislatura durante la sesión respectiva, o en sesión de la Comisión Permanente, misma que se turnará a la Comisión Jurisdiccional para que conozca el asunto y determine lo procedente.

Art. 80. La Comisión Jurisdiccional deberá reunirse dentro de los siguientes diez días hábiles para revisar si la solicitud o denuncia se encuentra ajustada a derecho, en términos de lo dispuesto por el artículo 65 de la presente Ley. En caso de que no reúna los requisitos señalados, se desechará de plano, informando sobre el particular al presidente y notificando al promovente.

La denuncia o solicitud presentada en contra del mismo servidor público y por los mismos hechos, no podrá volver a presentarse, sino hasta transcurridos seis meses, contados a partir de la presentación de la primera denuncia o solicitud.

Son inatacables los acuerdos de la Comisión Jurisdiccional que desechen solicitudes o denuncias.

Art. 81. Si la denuncia o solicitud reúne los requisitos de ley, la autoridad competente, procederá a integrar el expediente y se sujetará en lo aplicable al procedimiento previsto en el artículo 66 y demás disposiciones del capítulo anterior de esta Ley.

Art. 82. Una vez que se agote el procedimiento hasta la etapa correspondiente, la Comisión Jurisdiccional resolverá y presentará al Pleno de la Legislatura el dictamen fundado y motivado, en el cual se imponga la sanción correspondiente, mismo que se discutirá y votará en los términos previstos en la Ley Orgánica del Poder Legislativo y su Reglamento General.

Art. 83. La aplicación de sanciones se hará conforme a lo previsto por esta Ley, la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado y su Reglamento General.

Capítulo III
Responsabilidades administrativas a cargo
de las Contralorías Internas

Art. 84. Los órganos de control interno, serán la autoridad competente para que en términos de ésta y otras leyes así como de su correspondiente reglamentación, tramiten los procedimientos para fincar responsabilidades administrativas a los servidores públicos designados de la Administración Pública Centralizada y Paraestatal, que se señalan en la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, a los servidores públicos designados de la administración pública municipal centralizada y paramunicipal, así como a cualquier persona que reciba, recaude, administre, maneje o aplique recursos financieros del erario público Estatal o municipal, excepto en los casos de presidentes, síndicos y regidores municipales.

Art. 85. Los escritos de solicitud o denuncias que se formulen en contra de los servidores públicos, deberán presentarse en días y horas hábiles ante la autoridad que corresponda de conformidad con esta Ley.

Art. 86. La solicitud o denuncia deberá ratificarse dentro de los tres días hábiles siguientes a su presentación, ante la autoridad que corresponda, mediante comparecencia personal en los términos del artículo 63 de la presente Ley.

Art. 87. Recibida la solicitud o denuncia, la autoridad competente, deberá revisar dentro de los siguientes diez días hábiles, si se encuentra apegada a derecho, valorando si reúne los requisitos siguientes:

I. Si la persona a quien se impute la responsabilidad está comprendida entre los servidores públicos que refiere esta Ley;

II. Si la solicitud o denuncia es jurídicamente sustentable y por ello procedente; y

III. Si amerita o no la incoación del procedimiento.

En los casos que no reúnan los requisitos señalados en esta Ley, se desechará de plano, informando sobre el particular al promovente.

Art. 88. Si la denuncia o solicitud reúne los requisitos de esta Ley, la autoridad competente, procederá a integrar el expediente y se sujetará en lo aplicable al procedimiento previsto en el artículo 66 y demás disposiciones del capítulo anterior de esta Ley, leyes y reglamentos de la Entidad que corresponda.

Art. 89. Los servidores públicos a los que se finquen responsabilidades por la Contraloría Estatal o municipal, podrán optar por interponer el recurso de revocación o impugnarlas directamente ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado y Municipios de Zacatecas.

Las resoluciones que se dicten en el recurso de revocación serán también impugnables ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

Las resoluciones que dicte el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, podrán ser impugnadas por la autoridad que emitió la resolución, o el servidor público a quien afecte la misma.

Art. 90. La interposición del recurso suspenderá la ejecución de la resolución recurrida, siempre y cuando así lo solicite el promovente, conforme a lo siguiente:

I. Si se trata de sanciones económicas, el pago de éstas deberá garantizarse en los términos que prevenga el Código Fiscal del Estado;

II. Tratándose de otras sanciones, se concederá la suspensión si se actualizan los siguientes supuestos:

a) Que se admita el recurso;

b) Que la ejecución de la resolución recurrida produzca daños o perjuicios de difícil reparación en contra del recurrente; y

c) Que la suspensión no traiga como consecuencia la consumación o continuación de actos u omisiones que impliquen perjuicios al interés social o al servicio público.

Capítulo IV
Responsabilidades Administrativas a cargo de otras autoridades

Art. 91. El Tribunal Superior de Justicia del Estado, es la autoridad competente para que en términos de su Ley Orgánica y la correspondiente reglamentación, substancie los procedimientos idóneos para fincar responsabilidades administrativas a los servidores públicos del Poder Judicial, con sujeción a las causales y sanciones previstas en esta Ley.

Art. 92. Las autoridades que por disposición de ley, tengan a su cargo la sustanciación de procedimientos de responsabilidad administrativa, deberán apegarse a lo establecido en la presente Ley en lo general y particularmente a lo dispuesto en sus leyes orgánicas y reglamento respectivos.

Art. 93. En el caso de que los servidores públicos de la Procuraduría General del Estado, incurran en responsabilidad administrativa por incumplimiento a los preceptos consignados en la presente Ley, se harán acreedores a las sanciones que en la misma se establecen, con independencia de las responsabilidades en que puedan incurrir de acuerdo a lo dispuesto en la Ley Orgánica del Ministerio Público de Zacatecas.

TÍTULO CUARTO
Medios de apremio y sanciones

Capítulo I
Medios de apremio

Art. 94. Para el cumplimiento de las atribuciones que concede la Ley a las autoridades competentes, se podrán emplear los siguientes medios de apremio:

I. Auxilio de la fuerza pública: si existiere resistencia al mandamiento legítimo de la autoridad se estará a lo que prevé la legislación penal; y

II. Multa de hasta doscientas cuotas de salario mínimo general diario vigente en el Estado.

Las multas se harán efectivas a través del procedimiento administrativo de ejecución, que a solicitud de la autoridad implemente la Secretaría de Finanzas y otras oficinas recaudadoras, en términos del Código Fiscal del Estado, a beneficio del erario Estatal o municipal, según corresponda. Las autoridades municipales estarán a lo señalado en el Código Fiscal Municipal del Estado.

Capítulo II
Sanciones

Art. 95. Las sanciones aplicables para el caso de responsabilidad administrativa, pueden consistir en:

I. Amonestación privada o pública: consiste en la constancia por escrito que se deja en el expediente del trabajador, sobre la llamada de atención o advertencia que se le formula para que no incurra en otra falta administrativa, en cuyo caso, se le considerará como reincidente. La amonestación pública, además se hará a través de los medios masivos de comunicación;

II. Trabajo comunitario: consiste en realizar actividades ejecutadas en beneficio de la comunidad materia educativa, cultural, asistencia social y ecología;

III. Suspensión: consiste en la pérdida temporal del empleo, cargo o comisión que se esté ejerciendo, con la consecuente pérdida de todos los derechos que derivan del nombramiento, por el tiempo que dure la sanción. La suspensión podrá ser de tres días a seis meses, sin derecho a percibir salario y demás prestaciones económicas durante el tiempo en que se encuentre suspendido el servidor público;

IV. Sanción económica: deberá establecerse de hasta tres tantos de los beneficios obtenidos por el responsable o de los daños y perjuicios patrimoniales causados por sus actos u omisiones;

V. Inhabilitación: consiste en el impedimento absoluto para volver a ejercer un empleo, cargo o comisión públicos, durante la temporalidad que decrete la resolución del procedimiento de responsabilidad administrativa; y

VI. Destitución: consiste en la separación definitiva del empleo, cargo o comisión que se esté ejerciendo, sin responsabilidad laboral para la entidad pública de que se trate.

Art. 96. Las sanciones por incumplir obligaciones o por incurrir en prohibiciones, serán conforme a lo siguiente:

I. Amonestación privada o pública, en los casos de las fracciones I a V del artículo 6º, así como, fracciones I y II del artículo 7º;

II. Trabajo comunitario, en los casos de las fracciones II a XIV del artículo 6º, así como, fracciones I a XI del artículo 7º;

III. Suspensión de tres días a seis meses, en los casos de las fracciones II a XIV del artículo 6º, y fracciones I a XI del artículo 7º;

IV. Sanción económica, en los casos de las fracciones XV a XIX del artículo 6º, y fracciones XII a XXII del artículo 7º;

V. Inhabilitación de seis meses a un año, cuando no se cause daños o perjuicios, ni exista beneficio o lucro alguno, casos de las fracciones I, VII a XIV del artículo 6º, y fracciones III a XI del artículo 7º;

VI. Inhabilitación de uno a diez años, cuando se trate de un acto u omisión que implique beneficio o lucro o cause daños o perjuicios, si el monto de aquellos no excede de doscientas veces el salario mínimo general mensual vigente en el Estado; y de diez a veinte años si excede de dicho límite. Este último plazo de inhabilitación también será aplicable por conductas graves de los servidores públicos, casos de las fracciones, XV a XIX del artículo 6º y fracciones XII a XXII del artículo 7º; y

VII. Destitución, en el caso de conductas graves, por el incumplimiento a las obligaciones previstas en las fracciones XV a XIX del artículo 6º, y fracciones XII a XXII del artículo 7º.

Art. 97. Para que una persona que hubiere sido inhabilitada en los términos de ley por un plazo mayor de diez años, pueda volver a desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público una vez transcurrido el plazo de la inhabilitación impuesta, se requerirá que el titular de la dependencia o entidad a la que pretende ingresar, dé aviso a la Legislatura o al órgano de control interno, según sea el caso, en forma razonada y justificada, de tal circunstancia.

La contravención a lo dispuesto por el párrafo que antecede será causa de responsabilidad administrativa en los términos de esta Ley, quedando sin efectos el nombramiento o contrato que en su caso se haya realizado.

Art. 98. Se considerarán conductas graves, las contravenciones a las disposiciones de esta Ley que contengan obligaciones o prohibiciones y que produzcan daños a las personas o a sus bienes, así como beneficios de carácter patrimonial o económico, lucro o cualquier tipo de ventaja para el servidor público o para cualquiera de las personas señaladas en el artículo 7º, fracción XVII, o que causen daños o perjuicios a alguna de las instituciones o autoridades en el ejercicio de cargo, previstas en el artículo 4º de esta Ley.

Asimismo se considerará grave el incumplimiento a las obligaciones previstas en el artículo 6º por incurrir en las prohibiciones del artículo 7º de esta Ley, cuando el servidor público sea reincidente en el incumplimiento de obligaciones por otra falta administrativa, dentro del año anterior al día de la comisión de la conducta grave.

Para los efectos de la Ley, se considerará reincidente al servidor público que habiendo sido declarado responsable del incumplimiento a alguna de las obligaciones o incurrir en prohibiciones a que se refiere esta Ley, incurra nuevamente en una o varias conductas infractoras a dichos artículos.

Art. 99. Para la aplicación de las sanciones a que hace referencia esta Ley, se observarán las siguientes reglas:

I. La amonestación pública o privada, será impuesta por la Contraloría Estatal, las contralorías municipales, o los contralores internos de las dependencias y ejecutada por el jefe inmediato;

II. El trabajo comunitario se aplicará de conformidad con las especificaciones ordenadas en la resolución respectiva;

III. La suspensión o la destitución del empleo, cargo o comisión, serán impuestas por la Contraloría Estatal, las contralorías municipales, o los contralores internos de las dependencias, y serán ejecutadas por el titular de la dependencia o entidad;

IV. La inhabilitación para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público será impuesta por la Contraloría Estatal, las contralorías municipales, o los contralores internos de las dependencias, y serán ejecutadas en los términos de la resolución; y

V. Las sanciones económicas serán impuestas por la Contraloría Estatal, las contralorías municipales o los contralores internos de las dependencias, y ejecutadas por la Secretaría de Finanzas y sus oficinas recaudadoras.

Art. 100. Procede la sanción económica cuando derivado del incumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley, se produzcan beneficios o lucro, o se causen daños o perjuicios, la cual podrá ser de hasta tres tantos de los beneficios o lucro obtenido o de los daños o perjuicios causados.

El procedimiento en este caso, se llevará conforme las reglas previstas en esta Ley para el procedimiento de responsabilidad administrativa y su ejecución será en los términos que señale la resolución.

En ningún caso la sanción económica que se imponga podrá ser menor o igual al monto de los beneficios o lucro obtenidos o de los daños o perjuicios causados.

El monto de la sanción económica impuesta se actualizará, para efectos de su pago, en la forma y términos que establece el Código Fiscal del Estado.

Para los efectos de esta Ley se entenderá por salario mínimo general mensual, el equivalente a treinta veces el salario mínimo general diario vigente en el Estado.

Art. 101. Para la imposición de las sanciones administrativas se tomará en cuenta los elementos propios del empleo, cargo o comisión que desempeña o desempeñaba el servidor público cuando incurrió en la falta, así como los siguientes elementos:

I. La gravedad de la responsabilidad en que se incurra y la conveniencia de suprimir prácticas que infrinjan, en cualquier forma, las disposiciones de esta Ley, o las que se dicten con base en ella;

II. Las circunstancias socioeconómicas del servidor público;

III. El nivel jerárquico y los antecedentes del infractor, entre ellos la antigüedad en el servicio;

IV. Las condiciones exteriores y los medios de ejecución;

V. La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones; y

VI. El monto del beneficio, lucro, o daño o perjuicio derivado del incumplimiento de obligaciones.

Art. 102. La ejecución de sanciones administrativas impuestas en resolución firme, se llevará a cabo de inmediato en los términos que disponga la resolución. La suspensión, destitución o inhabilitación que se imponga a los servidores públicos de confianza, surtirá efectos al notificarse la resolución y se considerarán de orden público.

Tratándose de los servidores públicos de base, la suspensión y la destitución se sujetarán a lo previsto en la ley correspondiente.

Las sanciones económicas que se impongan, constituirán créditos fiscales a favor del erario Estatal o municipal, según corresponda. Se harán efectivas mediante el procedimiento administrativo de ejecución, tendrán la prelación prevista para dichos créditos y se sujetarán en todo a las disposiciones fiscales aplicables.

Art. 103. Las facultades para imponer las sanciones que esta Ley prevé, se sujetarán a lo siguiente:

I. Prescribirán en tres años el incumplimiento de las obligaciones o prohibiciones no graves previstas en esta Ley;

II. En los casos de conductas graves el plazo de prescripción será de cuatro años; y

III. El derecho de los particulares a solicitar la indemnización de daños y perjuicios prescribirá en tres años a partir de la notificación de la resolución administrativa que haya declarado cometida la falta administrativa, o en cuatro años, independientemente de tal circunstancia.

Art. 104. El plazo de prescripción se contará a partir del día siguiente a aquel en que se hubiera incurrido en la responsabilidad o a partir del momento en que hubiese cesado, si fuere de carácter continuo.

En todos los casos la prescripción a que alude este precepto se interrumpirá al iniciarse el procedimiento.

TÍTULO QUINTO
Registro patrimonial de los servidores públicos

Capítulo único
Declaración de situación patrimonial

Art. 105. El registro y seguimiento del inicio, cambios y conclusión de la situación patrimonial de los servidores públicos de los Poderes del Estado, ayuntamientos, organismos públicos autónomos, organismos descentralizados, entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal, empresas de participación estatal y fideicomisos públicos, estará bajo la responsabilidad de las autoridades siguientes:

I. De la Auditoría Superior del Estado, tratándose de Diputados locales, servidores públicos del Poder Legislativo, presidentes municipales, síndicos, regidores y directores o sus equivalentes de la administración municipal; y

II. De la Contraloría Estatal, tratándose de los servidores públicos de los Poderes Ejecutivo y Judicial, de los organismos públicos descentralizados, empresas de participación estatal y fideicomisos públicos, así como de organismos paramunicipales.

Para los efectos del párrafo que antecede, las citadas autoridades señalarán la unidad administrativa encargada de la recepción, control, registro y verificación de la información patrimonial de los servidores públicos obligados a declararla, asimismo, fijarán las normas, criterios, formatos oficiales y requisitos para tal fin.

Art. 106. Tienen la obligación de presentar declaraciones de situación patrimonial, ante la autoridad competente:

I. En la Legislatura: los diputados, el secretario general, el director de procesos legislativos y asuntos jurídicos, director de apoyo parlamentario, director de administración y finanzas. En el órgano de fiscalización, el auditor superior, los auditores especiales, los titulares de unidades, directores, subdirectores, jefes de departamento, auditores y supervisores;

II. En el Poder Ejecutivo: todos los servidores públicos, desde el titular del Ejecutivo hasta el nivel de jefes de departamento;

III. En la Administración Pública Paraestatal: directores generales, gerentes generales, subdirectores generales, subgerentes generales, y servidores públicos con cargos equivalentes en los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos públicos;

IV. En la Procuraduría General de Justicia: desde el Procurador General, subprocuradores, directores generales, agentes del Ministerio Público, comandantes y jefes de grupo o sus equivalentes de la policía ministerial;

V. En el Poder Judicial: los magistrados del Tribunal Superior de Justicia, el oficial mayor, los directores, jueces, secretarios de acuerdos y actuarios; y

VI. En otros tribunales: los magistrados y secretarios de acuerdos.

Art. 107. El servidor público que en su declaración de situación patrimonial faltare a la verdad en relación con lo que es obligatorio manifestar en términos de esta Ley, será suspendido, y cuando por su importancia lo amerite, destituido e inhabilitado de tres meses a tres años.

Art. 108. La declaración de situación patrimonial deberá presentarse en los siguientes plazos:

I. Declaración inicial, dentro de los cuarenta días hábiles siguientes a la toma de posesión;

II. Declaración final, dentro de los treinta días hábiles siguientes a la conclusión del encargo; y

III. Declaración anual de modificación patrimonial, durante el mes de mayo de cada año, salvo que en ese mismo ejercicio se hubiese presentado la declaración a que se refiere la fracción I de este artículo, debiendo acompañar una copia de la declaración anual presentada por personas físicas para los efectos de la Ley del Impuesto Sobre la Renta cuando ésta les obligue. La toma de posesión se entenderá como inicio de relación laboral, cambio de adscripción o cambio de encargo o comisión dentro de la misma dependencia, entidad o instancia.

Art. 109. La Auditoría y la Contraloría Estatal, en sus respectivos ámbitos, expedirán las normas, criterios, formatos oficiales y requisitos bajo los cuales el servidor público deberá presentar la declaración de situación patrimonial, así como los manuales e instructivos que indicarán lo que es obligatorio declarar.

Art. 110. En la declaración inicial y final de situación patrimonial se manifestarán los bienes inmuebles, con la fecha y valor de adquisición.

En las declaraciones anuales se manifestarán sólo las modificaciones al patrimonio, con fecha y valor de adquisición. En todo caso se indicará el medio por el que se hizo la adquisición.

Tratándose de bienes muebles, la Auditoría o la Contraloría Estatal, decidirán, mediante los respectivos acuerdos generales, las características que deba tener la declaración.

Art. 111. Cuando los signos exteriores de riqueza sean ostensibles y notoriamente superiores los ingresos lícitos que pudiera tener un servidor público, la Auditoría o la Contraloría Estatal, podrán ordenar, fundando y motivando su acuerdo, la práctica de visitas de inspección y auditorías. Cuando estos actos requieran orden de autoridad judicial, se tramitarán las correspondientes.

Previamente a la inspección o al inicio de la auditoría, se dará cuenta al servidor público de los hechos que motiva estas actuaciones y se le presentarán las actas en que aquéllos consten, para que exponga lo que en derecho le convenga.

Cuando se practique visita de inspección o auditoría, en su caso, el servidor público podrá impugnar tales actos ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

Art. 112. La Auditoría y la Contraloría Estatal, en su caso, independientemente de sus facultades de inspección, verificaciones y auditorías, así como demás atribuciones, están obligadas a presentar denuncia ante el Ministerio Público, cuando de sus actuaciones se desprenda la probable comisión de delito patrimonial en perjuicio del erario público.

En tales casos, deberán constituirse como parte civil coadyuvante, para los efectos de la reparación del daño.

Art. 113. Para los efectos de esta Ley y del Código Penal, se incluirán entre los bienes que adquieran los servidores públicos o con respecto de los cuales se conduzcan como dueños, lo que reciban o de los que dispongan su cónyuge y sus dependientes económicos directos, salvo que se acredite que éstos los obtuvieron por sí mismos y por motivos ajenos al servidor público.

Art. 114. Durante el desempeño de su empleo, cargo o comisión, y un año después, los servidores públicos no podrán solicitar, aceptar o recibir por sí, o por interpósita persona, dinero o cualquier otra donación, servicio, empleo, cargo o comisión para sí, o para sus dependientes económicos, y que procedan de cualquier persona cuyas actividades profesionales, comerciales o industriales se encuentren directamente vinculadas, reguladas o supervisadas por el servidor público en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, que determinen conflicto de intereses.

Para los efectos del párrafo anterior, no se considerarán los que reciba el servidor público en una o más ocasiones, de una misma persona física o moral de las mencionadas en el párrafo precedente, durante un año, cuando el valor acumulado durante ese año no sea superior a cien veces el salario mínimo general vigente en el Estado en el momento de su recepción.

Se castigará como cohecho las conductas de los servidores públicos que violen lo dispuesto en este artículo y serán sancionados en términos de la legislación penal.

Art. 115. La Contraloría Estatal y la Auditoría, en el ámbito de su respectiva competencia, podrán expedir constancias que acrediten la no existencia de registro de inhabilitación, así como las constancias a personas físicas que comprueben que no están sujetos a responsabilidad resarcitoria o administrativa, que serán exhibidas, por las personas interesadas para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público.

Artículos transitorios

Artículo primero. La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado.

Art. 2º Los procedimientos que se hayan iniciado con anterioridad al inicio de vigencia de la presente Ley, se sustanciarán por las normas vigentes al momento de inicio del procedimiento.

Art. 3º Se abroga el Decreto No. 339 que contiene la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Zacatecas, publicada en el suplemento 2 al 72 del Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado en fecha 8 de septiembre de 2001; y se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan a la presente Ley.

Art. 4º La Legislatura del Estado dentro de los ciento veinte días siguientes a la publicación del presente Decreto, reformará aquellas disposiciones que contravengan la presente Ley.

Comuníquese al Ejecutivo del Estado para su promulgación y publicación.

Dado en la sala de sesiones de la Honorable Sexagésima Legislatura del Estado a los 29 días del mes de noviembre del año 2012. Diputado presidente: Dip. Ma. Esthela Beltrán Díaz; Diputados secretarios: Dip. Noemí Berenice Luna Ayala y Dip. Ana María Romo Fonseca. Rúbricas.

Y para que llegue al conocimiento de todos y se le dé el debido cumplimiento, mando se imprima, publique y circule.

Dado en el despacho del Poder Ejecutivo del Estado, a los 30 días del mes de enero del año 2013.

Atentamente.
«Sufragio Efectivo. No Reelección»

El Gobernador del Estado de Zacatecas
Lic. Miguel Alejandro Alonso Reyes

El Secretario de Gobierno
Profr. Francisco Escobedo Villegas

El Secretario de la Función Pública
C.P. Guillermo Huizar Carranza

FICHA TÉCNICA

GENERAL

Número de decreto Periódico Oficial Fecha de publicación Inicio de vigencia Legislatura
462 11 06-febrero-2013 07-febrero-2013 LX

Último cotejo de vigencia: mayo de 2013